18 ene. 2026

Ratifican la pena de 2 años para Mbururú

31694087

Rafael Esquivel, penado.

Quedó firme la pena de 2 años de cárcel para Rafael Esquivel, alias Mbururú, en una de sus causas, luego de que la Sala Penal de la Corte declarara ayer inadmisible el recurso de casación promovido por la defensa.

Es en el caso sobre coacción grave ocurrido el 12 de octubre del 2019, en una granja ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, donde se probó que Esquivel instó a que agredieran al médico Gustavo Arias, ya fallecido, y Fabrizio Sugastti Montalbetti.

El recurso fue promovido por el abogado Eduardo Lezcano, en contra del fallo del 16 de febrero del 2024, del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, del Alto Paraná.

Fue fallo unánime de los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes coincidieron que el recurso de casación no cumplía con los requisitos formales para ser estudiado.

Rafael Esquivel tiene además una pena de 10 años de cárcel por el ataque a un establecimiento ganadero en el 2022, y otra condena de 15 años de cárcel, dictada en marzo pasado, por supuesta coacción sexual y violación. El primero está en plena etapa recursiva y, el segundo, aún no fue notificado a la defensa.

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte rechazó un habeas corpus genérico para dos acusadas del caso A Ultranza Paraguay, a raíz de las condiciones en las que se hallan recluidas en el Complejo de Mujeres Privadas de su libertad de Emboscada (COMPLE), por restricciones de alimento, aseo personal e incluso sanitarios.
La Fiscalía había acusado y pedido juicio para el hermano del presidente del Congreso, Bachi Núñez, así como para otras cinco personas, por adjudicar la quiniela a la empresa TDP SA de manera supuestamente irregular. Sin embargo, cambiaron de opinión y hoy día insisten en sobreseerlos definitivamente. El juez se opuso y remitió el requerimiento al fiscal general.
Unas 400 personas que integran la Comisión Vecinal Óga Porã Rekávo, de la ciudad de Ypané, denunciaron ante la Fiscalía haber sido estafadas por una persona habilitada como Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que depende del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Esta les cobró millones, con la promesa de acceder a viviendas, pero la propiedad no existe, reclaman.
Un criminólogo advierte que el 70% de la ciudadanía no denuncia hechos ilícitos por desconfianza en las autoridades y temor a ser víctimas de represalias por parte de los delincuentes.