En una serie de publicaciones realizadas por este medio se muestra cómo el delito de robar cables para obtener cobre está ligado a un problema social gravísimo, como es el incremento del consumo de estupefacientes, especialmente el crac y millonarios perjuicios a entidades estatales y la sociedad.
Mediante estadísticas brindadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público se logra revelar cómo es que las instituciones del Estado más perjudicadas por estos hechos, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Además se detallan sobre las ciudades más afectadas por hechos de esta naturaleza, que son Asunción, Lambaré, San Lorenzo y Capiatá.
Se trata de un negocio rentable para las chatarreras, que adquieran de cualquier persona sin restricción cualquier tipo de cobre a un precio promedio de entre G. 40.000 y 45.000 por kg y que luego vuelven a revender a firmas del Brasil, y hasta cuentan con una “ruta secreta del cobre”.
Según la Policía Nacional, en la mayoría de los casos fueron capturados como supuestos autores de estos delitos a personas adictas a algún tipo de estupefacientes o ciudadanos que estuvieron alguna vez privados de libertad, cumpliendo penas por algún delito.
Sin embargo, al ilícito también se sumaron varios malvivientes que se dedicaban a otro tipo delitos, debido a la rentabilidad.
Uno de los modus operandi que utiliza los delincuentes, según investigación de la Policía, es la utilización de automóviles para extraer cable subterráneo. Es decir, llegan en autos, rompen los registros por donde pasan los cables subterraneos, estiran y atan al vehículo que termina extrayendo gran cantidad del mismo.
Ruta del cobre. Esta radiografía del ilícito del robo de cables descubre una travesía desde los locales de acopio, que se encuentran en ciudades de San Lorenzo, Capiatá y Ciudad del Este, para luego adentrarnos por los caminos de la localidad de Pindoty Porã, en el distrito de Corpus Christi (Canindeyú).
Por dicha ruta, según fuentes de ÚH, unos 80 a 100 camiones pasan por mes, transportando aproximadamente 1.500 kilos de desechos metálicos cada uno.
Estos miles de kilos de cobre o aluminio especial viajan hasta grandes complejos ubicados en la ciudad Pindoty Porã, en la frontera seca con la ciudad brasileña de Sete Quedas.
Para llegar hasta ahí son esenciales las rutas 3 y la ruta 2 indistintamente, sobre las cuales hay en suma más de 18 puestos policiales como de Aduanas, pero al parecer nadie detecta a quienes transportan estas cargas y mucho menos a quienes están detrás de este multimillonario negocio.
Son decenas de camiones que pasan por semana; los metales son entregados en frontera en estancias a brasileños que haciendo lo mismo con agentes de la Policía Federal y la Receita Federal del Brasil meten los metales de contrabando y lo llevan hasta São Paulo.
Los pagos se manejan fuera del circuito financiero legal vía casas de cambio y efectivo, sin dejar comprobantes legales ni tributos en Paraguay. Para el transporte utilizan notas de remisión y facturas de venta local a valores absurdos que no llegan ni al 10 por ciento del valor de la carga. Es así, que lo que se inicia con el robo de un adicto al crac de cable termina en un gran tráfico internacional de desechos ilegales.
Las primeras repercusiones
César González, fiscal Adjunto del Medio Ambiente de Canindeyú, había informado que el pasado miércoles abrió una investigación preliminar sobre la “ruta secreta” de los cables en Pindoty Porã.
“Con base en las publicaciones, ordenamos la apertura de una investigación de oficio y se le dará entrada. No teníamos conocimiento de esto, nos esteramos a través de la prensa”, refirió el agente, respecto a la serie de publicaciones realizada por el Diario Última Hora sobre el robo de cables.
