El ingreso a prisión del ex gobernador colorado cartista del Departamento Central es un hecho anómalo en un país en el que la Justicia no acostumbra juzgar hechos de corrupción pública y normaliza la impunidad. Hugo Javier González fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, pero otros funcionarios también acusados de corrupción pública durante la pandemia del Covid han sido sobreseídos y recibieron medidas alternativas a la prisión o apenas están investigados.
Hugo Javier González fue condenado junto con otros cinco ex funcionarios de la Gobernación de Central, en la causa iniciada por el desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos destinados a proyectos de reactivación económica, asignados para obras civiles y viales, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
La Justicia, como dijera alguna vez el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Hugo Javier González no es el ciudadano pobre y desvalido que va a Tacumbú por robar mandarinas o una gallina, ni será uno de los miles de presos aguardando por años una condena, relegado y olvidado por nuestro sistema de Justicia, pero no recibió el mismo trato que otros funcionarios acusados de corrupción pública. Esperamos, sí, que su caso sirva de lección para las generaciones futuras.
La actividad política tiene por objetivo fundamental mejorar la vida de los ciudadanos, cuando una autoridad electa, después de haber hecho promesas en su campaña electoral no las cumple, defrauda al electorado. Por eso, cuando se comprueba que ha hecho mal uso de los recursos públicos, en un país con tantas necesidades y desigualdad, sin dudar, debe ser juzgado con todo el rigor de la ley.
La pandemia es el acontecimiento contemporáneo más complejo que vivió recientemente la humanidad, conmovió los cimientos de la civilización y dejó a la humanidad en una situación de absoluta fragilidad. Lamentablemente hizo aflorar también lo peor de las personas, y en nuestro país, junto a la resistencia del pueblo y la solidaridad sin medidas, hubo autoridades, funcionarios del Gobierno, comerciantes y empresarios que quisieron obtener provecho para aumentar sus ganancias. La Justicia no estuvo a la altura al haber permitido tanta impunidad por esos deleznables actos de traición.
Un Tribunal de Apelación anuló la acusación y ordenó el sobreseimiento definitivo de Édgar Melgarejo, ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y otras cinco personas acusadas por lesión de confianza en el caso conocido como “tapabocas de oro”. El caso de la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, tiene una condena a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones al Estado, pero todavía no está firme.
Asimismo, por la compra de materiales, insumos y productos de limpieza ante la emergencia del Covid-19, con sobrefacturación en ítems como detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros rubros, que además fueron adquiridos a través de empresas de dudosa constitución, recién en setiembre del 2024 la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al intendente Óscar Nenecho Rodríguez por lesión de confianza y asociación criminal por compras presuntamente sobrefacturadas realizadas durante la pandemia, junto a otras 21 personas.
Ningún caso de corrupción pública debe quedar impune y de la Justicia se espera que sea imparcial y equilibrada. Cada autoridad y cada funcionario público paraguayo debe tener muy presente que los actos de corrupción tienen consecuencias, pues la corrupción mata y empobrece. Y, como dijera el nuncio apostólico en Paraguay: “Es una herida muy profunda, es robarle dinero a los pobres, y es la más grande injusticia social que existe”.
