El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos analizó la situación de la conocida como “ruta de la muerte”, la PY08, que en los últimos días se cobró la vida de un médico y su madre y de una joven de 23 años, por el estado calamitoso de su pavimento, que obliga a los usuarios a desviar baches y ponerse en riesgo constantemente.
Luego del fallecimiento del médico Guillermo Armando Britos y su madre, María Luz Cristaldo, legisladores de la oposición presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, por las 13 muertes registradas en la ruta PY08 en cinco meses.
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Al respecto, Duarte Cacavelos accedió a un análisis con NPY en el que comentó que es usuario constante de dicha ruta para la que no se guardó calificativos negativos y recomendó a las familias demandar al Estado, “fracasado”, según expresó. Sin embargo, también fue claro respecto a la denuncia presentada por legisladores, asegurando “categóricamente” que “no se puede sospechar que la ministra de Obras Públicas haya causado dolosamente las muertes que se generaron por ocupar el cargo”. Calificó la denuncia como “populista”.
“Categóricamente, no se puede sospechar que la ministra de Obras Públicas haya causado dolosamente las muertes que se generaron por ocupar el cargo”, respondió Duarte Cacavelos.
Indicó que “generar esa expectativa en la ciudadanía es una cuestión populista que no corresponde a la ciencia”.
Sostuvo, además, que si el Ministerio Público no imputa a la ministra, tras la denuncia de los legisladores, “no se puede pretender decir que no funciona o que es un Ministerio Público ‘bandido’”. “Eso no es correcto. No se pueden usar las ciencias penales para solucionar todos los conflictos de la vida”, sentenció.
“Aquí lo que tenemos es una responsabilidad política, hay una responsabilidad administrativa y hay una responsabilidad civil, hasta si se quiere, del MOPC y del órgano de la persona que ocupa el cargo por los hechos que sucedieron”, expresó el penalista.
El letrado agregó que, a partir de ahora, con todo lo que se publicó al respecto, la señalización no era la más adecuada en la zona, “sí podría constituir otro tipo de conductas que hay que analizar, pero no desde el punto de vista de la protección de la vida de las personas que han fallecido”.
📌 Varios accidentes fatales a causa de los baches en las rutas del país.
— NPY Oficial (@npyoficial) January 18, 2026
♦️Los parlamentarios de la oposición presentaron una denuncia penal al MOPC por "ruta de la muerte" PY08.
🗣 "Afirmar lo que afirmó el Presidente de que son adelantamientos indebidos, es una vergüenza y… pic.twitter.com/6ErIz2lJEy
La recomendación: demandar al Estado
Sin embargo, el abogado penalista dejó en claro que el Estado paraguayo debe hacerse cargo. “Yo le recomiendo a todas estas familias que están de luto que demanden al Estado paraguayo. Yo creo que no hay duda de que el Estado paraguayo fracasó, de que el Ministerio de Obras Públicas fracasó y de que los responsables, en gran medida, de todos estos accidentes son los que ocuparon los cargos públicos en este momento y, de última, es el Estado paraguayo el que debe hacerse cargo porque es el que nos tiene que asegurar”, indicó.
“Si nos cobran un peaje para asegurar el tránsito correcto sobre estas rutas y estas rutas no están en las condiciones en las que deberían estar… Bueno, yo creo que el Estado paraguayo va a ser condenado si existen demandas de las familias”, aseveró.
Para la mirada del entrevistado, aunque nunca se recuperarán las vidas perdidas, es el Estado “el que les devuelve a los seres queridos todo lo que perdieron, entre comillas, económicamente, y el que tiene que hacerse cargo de estas pérdidas, porque este tipo de rutas de verdad son un peligro”, expresó.
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Duarte Cacavelos también dijo que no conoció un caso “tan flagrante o tan evidente como estos casos que ocurrieron en esos tramos donde tuvimos dos muertes de médicos jóvenes en menos de 24 horas”, agregando el accidente ocurrido también en el Departamento de San Pedro, específicamente sobre la ruta PY03, en la localidad de 25 de Diciembre.
“Yo creo que la evidencia documental, fotográfica y de prensa es suficiente para acreditar la situación de responsabilidad del Estado”, sentenció.