Durante el llamado “juicio del siglo” para los indígenas, los magistrados del máximo tribunal en Brasilia deberán validar o rechazar la tesis del “marco temporal”, que solo reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados por ellos cuando se promulgó la Constitución, en 1988.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que valida ese límite temporal, asestando un revés al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien se comprometió a proteger a los pueblos originarios. El texto aún debe someterse a votación en el Senado.
En el STF solo votaron hasta este miércoles tres de sus diez jueces, uno a favor y dos en contra. El juicio será reanudado en una fecha todavía por determinar.
A la espera de la decisión, centenares de indígenas de todo Brasil acampan en la capital desde principios de esta semana, para exigir que se declare inconstitucional el concepto del marco temporal.
SANTA CATARINA. En concreto, el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reserva tras una sentencia de primera instancia bajo el argumento de que las comunidades no estaban viviendo allí en 1988.
Este juicio es considerado clave porque el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa.
En abril, Lula aprobó seis nuevas reservas indígenas, las primeras en cinco años.
La Constitución de 1988 garantiza a los indígenas “los derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, las cuales deben ser demarcadas y protegidas por el Estado”. Estos pueblos consideran que la Constitución reconoce sus derechos sin prever ningún “marco temporal” y afirman que en muchos periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), con lo cual sería imposible determinar su presencia en 1988.
Representantes del agronegocio, motor del crecimiento brasileño, creen en cambio que el “marco temporal” traería “seguridad jurídica” a los grandes productores rurales.
Sostienen que en Brasil, con una población de 214 millones de habitantes, los 900.000 indígenas ya poseen mucho territorio -un 13% de la enorme superficie del país-, y que si no se adopta la tesis, ese porcentaje ascenderá al 28%, una proyección no obstante cuestionada por expertos.
