En la argumentación se habla de un uso abusivo de la prisión preventiva y del menosprecio a la presunción de inocencia, derecho amparado por la Constitución.
Una vez realizados los cambios en la actual legislación, las personas privadas de su libertad, pero sin condena firme, recuperarán el derecho al voto.
Para tal efecto, la Dirección de Registro Electoral las empadronará en sus sitios de reclusión, y habilitará en dichos sitios mesas de votación para que los ciudadanos afectados puedan hacer el uso del derecho al voto.
En el proyecto se menciona que, según los registros del Ministerio de Justicia, hay un total de 12.423 personas recluidas en las diversas penitenciarías del país, de las cuáles el 74,79% no tiene condena firme y ejecutoriada.
El proyecto está firmado por los senadores Arnaldo Giuzzio, Pedro Santa Cruz, Hugo Richer, Enrique Bacchetta, Carlos Amarilla, Roberto Acevedo, Eduardo Petta y Óscar Salomón.
