El proyecto fue presentado a inicios del mes pasado en un acto donde participó el presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente, Pedro Alliana; el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente del Congreso, Basilio Núñez; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Manuel Benítez Riera, entre otros.
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, señaló en ese entonces que esta nueva ley viene a reemplazar a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), ya que esta no arrojó resultados concretos, según dijo.
El tratamiento fue postergado para este miércoles, según lo resuelto en la última sesión del Senado, donde existen críticos al proyecto que señalan que categorizar como vinculantes a los dictámenes de la Contraloría le quita rol a la Fiscalía.
Este planteamiento es calificado de absurdo por el contralor general, quien señaló que dicha idea es como suponer que tras una auditoría contable se pueda condenar a una persona a penas privativas de libertad.
Benítez explicó que la ley simplemente crea un régimen de integridad, que unifica estándares de transparencia y otorga mayor participación a la ciudadanía con el enfoque en denuncias.
“Es un deseo que viene siendo estudiado desde hace muchos años, el problema es que nunca la clase política tuvo la madurez de poder dar andamiento a una iniciativa de este tipo”, manifestó el contralor a Última Hora.
