24 oct 2026

Proyecto de ley prevé contrato de empresas internacionales para combatir a hackers

Iniciativa legislativa del oficialismo busca contratar a “empresas de gran envergadura” del extranjero, para que se ocupen de la ciberseguridad del país.

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El senador Natalicio Chase es uno de los firmantes del proyecto de ley.

Archivo

El pasado 16 de julio, un grupo de cuatro senadores cartistas, entre ellos Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Nano Galaverna y Patrick Kemper, presentaron un proyecto de ley “Por el cual se establece un Régimen Jurídico para la Modernización de la Infraestructura Digital Pública”.

El documento establece la “selección de socios estratégicos altamente calificados, capaces de proporcionar soluciones integrales que permitan al país fortalecer sus capacidades tecnológicas”. En otras palabras, vía Contrataciones Públicas, el Mitic podrá contratar empresas internacionales para enfrentar hackeos.

Los recursos serán gestionados por el Mitic. Además, mediante un informe técnico fundado de la misma cartera, “se establecerá la necesidad pública vinculada a infraestructura tecnológica estratégica, cuya satisfacción no pueda ser adecuadamente atendida a través de los mecanismos generales de contratación, debido a razones de exclusividad técnica, condiciones contractuales, urgencia o necesidad”, reza parte del documento.

Es decir, que la cartera de tecnología decidirá qué tipo de asistencias son necesarias por la empresa adjudicada.

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EMPRESAS INTERNACIONALES

El artículo 3 del proyecto de ley habla de “Empresas Tecnológicas de Gran Envergadura (ETGE)”. Para que sean consideradas como ETGE, los proveedores deberán contar con reconocimiento internacional, cumplimiento de estándares internacionales en materia de calidad, sostenibilidad, seguridad tecnológica. Además de contar con operaciones a nivel internacional y desarrollo y provisión de soluciones integrales en áreas como ciberseguridad, computación en la nube, inteligencia artificial, plataforma de software y servicios digitales.

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Los contratos tendrán una duración de cinco años. Los recursos provenientes de bonos serán utilizados para el financiamiento de estos servicios.

“La empresa contratada podrá calificar de información reservada a aquellas cuya reserva sea necesaria para garantizar la seguridad en el desarrollo o la implementación de las soluciones tecnológicas”, señala también el documento.

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