“Presentamos un proyecto de ley que establece la tarifa de la energía eléctrica a las empresas electrointensivas, donde están las mineras de criptomonedas (…). Le planteamos (a la ANDE) una solución a su problema”, relató Oviedo.
Explicó que el planteamiento que se hace es “que la energía que se le vende a las industrias electrointensivas esté conformado por el precio de la energía en Itaipú más el costo de la transmisión, más un costo de utilidad”. “Que no sea menor a eso, tiene mucho sentido, debería ser así, para desligarnos de la discrecionalidad del costo, del precio político de la energía. Entonces, establezcamos ya como paraguayos en una ley cuánto va a costar la energía eléctrica”, afirmó el legislador.
Si bien no está determinado el número, de acuerdo con la memoria de la ANDE del año pasado, la tarifa “más o menos se acerca a los USD 70 MWh”. En el gráfico de la página se pueden observar las tarifas medias de la ANDE.
Comunicado. En este sentido, en un comunicado, varias organizaciones como la campaña Itaipú Causa Nacional, Itaipú es también soberanía -Partido Paraguay Pyahurã, y el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), entre otras, habían subrayado que la tarifa mínima por la cual la ANDE debería vender su energía a las criptominerías debería ser de USD 75 MWh, y no a los USD 40 MWh (la tarifa mínima es de USD 39 MWh) de los que habla el Gobierno. Es decir, debe haber un aumento de 87,5% en relación con los costos actuales.
Además, las organizaciones cuestionaron que el presidente Santiago Peña fomente que la administración eléctrica entregue energía regalada a la criptominería, mientras propugnaba que la tarifa de Itaipú debía volver a su nivel del 2021, de USD 44 MWh; lo que, sumándole una compensación de USD 11 MWh, hubiera determinado un precio de exportación de USD 55 MWh.
“Desconocen –insólitamente– los costos adicionales que implican (1°) las pérdidas de transmisión y de distribución (si el abastecimiento a criptomineras fuera en 23 kV), (2°) los gastos de transmisión, distribución, depreciación, consumidores, administrativos y generales de ANDE y (3°) el 8% de rentabilidad obligatoria que ANDE debe percibir sobre su inversión inmovilizada. Todos ellos son costos muy significativos y globalmente superiores a USD 20 MWh, que omitimos detallar en razón a la brevedad”, señalaron.
Por esto, afirmaron que la tarifa mínima a la cual la ANDE debería vender su energía a las criptomineras debería ser de (55 + 20 =) USD 75 MWh, “valor similar al establecido en el Decreto 7551/2017, de cumplimiento obligatorio para este tipo de consumidores intensivos de energía, pero curiosamente no cumplido por el presidente de la ANDE ni por Santiago Peña, pese a que el decreto fue dictado por el mismo Horacio Cartes en el 2017”.
