La senadora Esperanza Martínez, quien había llevado adelante una audiencia pública se había comprometido a promover una reunión en forma conjunta de varias comisiones asesoras, que aún no se confirmó.
Esta propuesta se había impulsado el año pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el periodo anterior, pero al final quedó cajoneado.
Luego de una serie de incidentes que siguen afectando el trabajo periodístico, que ya se volvieron una práctica común últimamente, se volvió a reflotar este proyecto de la mano de la oposición.
Entre algunas de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para impulsar esta iniciativa, fue que a nivel mundial, el periodismo y la defensa de los derechos humanos se han convertido en labores peligrosas.
“A través de las actividades, que se desarrollan en su ejercicio, se difunde información que, en algunos casos, refiere temas sensibles o situaciones, cuyos protagonistas no desean que salga a luz”, señala una exposición de motivos.
“Se defienden los derechos de comunidades, grupos en condición de vulnerabilidad y de la sociedad en general, lo cual genera incomodidad en el o los transgresores”, se agrega en la propuesta.
“En nuestro país, la violación de los derechos fundamentales de los periodistas y defensores de derechos humanos ha ido en aumento, poniendo en peligro uno de los pilares fundamentales de la democracia”, se indica, y se cita la libertad de expresión.
Además, se hace referencia a las recurrentes recomendaciones de organismos de derechos humanos de carácter nacional e internacional.
Se cita específicamente el Examen Periódico Universal ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de abril de 2021, sobre la necesidad de una legislación de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
“El objeto del proyecto normativo es garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todas aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo y del trabajo de prensa”, se sostiene.
Profesión de riesgo. En la audiencia pública que se realizó hace un par de semanas, Esperanza había hecho referencia a las estadísticas sobre asesinatos de periodistas en el Paraguay en plena era democrática, tras la dictadura.
“Se habla de 21 asesinatos de periodistas en el periodo democrático“, remarcó. Señaló que eso representaría que en 30 años, murió un periodista cada año y medio.
A grandes rasgos se puede mencionar que el proyecto que está en debate establece la creación del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Se indica que sería un ente autártico con personería jurídica de derecho público para la aplicación de la ley, y que para el cumplimiento de las obligaciones contará con recursos necesarios y suficientes dentro del Presupuesto General de la Nación.
Se especifica que la máxima autoridad será la Comisión de Protección que estaría integrada por autoridades del Ministerio del Interior, Fiscalía, representantes de periodistas y sociedad civil, entre otros.
