La causa “María Eugenia Acosta contra personas innominadas”, en donde uno de los señalados es el reelecto miembro suplente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Sasiain, por la presunta falsificación de la firma de la empresaria María Eugenia Acosta en documentos presentados ante la Senad, el Senave y la Dinavisa, está a cargo de la fiscala María José Abed, a la cual urgen avances en el caso e imputación dentro de la causa.
Llamativamente, desde que la citada fiscala inició su postulación para fiscal general adjunta, no se vieron avances en la causa principal contra quien es, justamente, suplente en el órgano constitucional encargado de seleccionar ternas para dentro de la magistratura.
Abed, quien pidió permiso desde que inició su postulación, fue inicialmente la fiscala que imputó por hechos similares denunciados por Acosta tanto a Ricardo Sasiain como a su esposa, quien es hija de la empresaria.
En la ampliación de la denuncia penal, la empresaria relató cómo ella misma descubrió, por documentos presentados por su contraparte en un juicio anterior, que su firma obraba en documentos presentados ante la Senad, el Senave, la Dinavisa y el Ministerio de Salud.
En esos documentos supuestamente ella solicitaba que su empresa, dedicada a la biotecnología, sea habilitada para poder procesar marihuana medicinal, lo que la sorprendió de sobremanera, pues ella jamás pretendió que su firma ingrese a ese rubro del canavis ni nada vinculado a esa planta.
Tras una investigación, se pudo corroborar que personas, hasta ahora desconocidas, hicieron toda una serie de trámites antes esas instituciones estatales pero con su firma falsificada. Incluso, se habría llevando a una persona parecida a la empresaria o eventualmente con la cédula adulterada ante una escribana para la certificación de la firma.
Según denuncia la empresaria, todos estos trámites fueron realizados a sus espaldas y sin su consentimiento.
Todos los documentos, con la firma denunciada como adulterada, fueron sometidos a pericias caligráficas.
En uno de los informes se desprende que la misma persona es la que falsificó la firma de la empresaria Acosta en un contrato de alquiler fraguado y en un documento de gestión de autorización presentado ante la Dinavisa. Por eso, se presume que en torno a Acosta se habría montado un esquema de falsificación entre varias personas, según denuncia la afectada.
Tras el pedido de permiso de Abed, fue la fiscala Patricia Sánchez quien quedó a cargo del expediente. Sin embargo, no se conoce que la misma haya dado el mismo impulso mínimo correspondiente y tampoco se sabe por cuál razón se da esta situación.
