La propuesta de presupuesto público para el año 2025 que se está definiendo refleja los problemas estructurales que enfrenta la política fiscal en Paraguay. El presupuesto público es posiblemente el instrumento más importante con que cuentan los Estados para lograr los objetivos de desarrollo, bienestar y reducción de las desigualdades. Sin embargo, también puede servir para beneficiar a una minoría y mantener la situación del resto, lo que en el caso de Paraguay significa que alrededor del 90% de la población seguirá sufriendo precariedades y enfrentando malas condiciones de vida.
Uno de los problemas más sentidos de una parte importante de la población es la ausencia de interés de las políticas públicas en este ámbito. El transporte público de Asunción y el área metropolitana generan uno de los mayores sufrimientos a la población, reduce la productividad y la capacidad adquisitiva del ingreso de los trabajadores, contribuye a la contaminación y a la prevalencia de enfermedades respiratorias y mentales.
La política sanitaria no cuenta con suficientes recursos para garantizar el buen funcionamiento del sistema de ambulancias y la política educativa no tiene transporte escolar.
Los costos y las consecuencias de los problemas anteriores no fueron objeto de preocupación de las autoridades. Sin embargo, sí se preocuparon por incluir en el presupuesto sus necesidades personales que poco contribuyen al bienestar de la enorme mayoría. La austeridad, la eficiencia y las mejoras en el gasto público solo se aplican para limitar recursos que necesita la población, pero no para las necesidades personales de los políticos.
Por el lado del gasto, el presupuesto que está siendo aprobado no augura cambios relevantes en las políticas que la población reclama. Por lo que se espera que continúe la precariedad del sistema de salud, la mala calidad de la educación, los cortes de energía y agua y la baja cobertura de saneamiento.
Estos problemas no afectan solo a los hogares. Las deficiencias de las políticas públicas impiden el aumento de la productividad y con ello afectan a las oportunidades de un crecimiento económico inclusivo y a la reducción de los costos, condición necesaria para contrarrestar al menos en lo más mínimo el aumento de la inflación.
Sin servicios públicos de buena calidad, los emprendimientos económicos de la población no lograrán impulsar su producción ni mucho menos la calidad. La gran mayoría terminará siendo de subsistencia sin contribuir a mayores niveles de empleo ni ingresos.
Por el lado de los ingresos se mantiene una estructura tributaria de bajas e inequitativas recaudaciones tributarias, lo que automáticamente se deriva en mayores niveles de endeudamiento público hasta llegar al umbral de la insostenibilidad y lo que es más grave, contratar más deuda para pagar deuda.
Mientras los políticos se aumentaron recursos para sí mismos, les limitan a las políticas educativas y de salud los recursos necesarios porque necesitamos pagar la deuda. Una deuda que no ha beneficiado a la población porque los servicios públicos no han avanzado en calidad y, en algunos casos, incluso se observan retrocesos.
Con estas perspectivas, el 2025 será nuevamente un año de precariedades y vulnerabilidades para la población, y a nivel nacional, continuaremos en las tristes estadísticas que nos ubican entre los diez países de menor nivel de desarrollo y calidad de vida de la región, a pesar de la riqueza con que cuenta nuestro país.
