18 nov 2026

Presión

El vaciamiento de ueno bank SA, sumado a toda la situación posterior; el juicio político exprés, la detención, imputación y prisión del ahora ex presidente de la República, Santiago Peña, a la que se suma ahora la renuncia del fiscal general a horas de un juicio político, dan un panorama de cómo estamos como país.

Es que todo eso dejó rabia contenida de gran parte de la población; desesperación por tener ahorros y hasta la jubilación comprometidos por el vaciamiento de la entidad bancaria hace que todos quieran ver correr sangre como castigo de lo sucedido.

Y, justamente, esa sed de justicia, traducida para muchos en deseos de venganza colectiva, tiene sus consecuencias directas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que son los encargados de sancionar a los culpables.

Es que, en momentos como este, es donde tanto los fiscales como los jueces se ven en extremo presionados por la ciudadanía que pide acciones concretas. Y eso hace que se comprometa directamente la independencia de los principales actores y la legalidad de las medidas que se toman en las causas.

A esto se suman los pescadores en río revuelto, los expertos intérpretes del viento que están atentos hacia dónde deben lanzar sus esfuerzos para caer bien parados ante los ojos ciudadanos, y quedar como héroes solicitando cualquier cosa.

Es que, en situaciones límites, los fiscales se ven tan agobiados que ya no importa nada, con tal de mostrar que se trabaja. Es así que se explica la cantidad de agentes asignados, los allanamientos sucesivos, seguidos de inmediatas conferencias de prensa para mostrar todo lo que se hace en la investigación.

Y enseguida se ve también a los jueces que, en poco tiempo, sacan resoluciones de prisión preventiva y embargos generales, a veces incluso independientes de los pedidos fiscales. Hasta se dan resoluciones inéditas de parte de los camaristas que también quieren tener protagonismo.

Por otro lado, desde países vecinos, observan desde distintos puntos de vista lo que pasaba. Los que envidiaban la imagen del Paraguay señalaron que la estabilidad monetaria era una fachada y que recién ahora se veía la verdadera realidad de nuestra sociedad.

Otras naciones, sin embargo, alababan la rapidez con que se reaccionó para meter presos a los banqueros, el juicio político al ex presidente y la casi inmediata devolución de los ahorros a la gran mayoría de los afectados.

Dentro de todo este panorama caótico es que la institucionalidad de la República debe ser afianzada. Es que la fortaleza de nuestras instituciones, el respeto a las normas constitucionales, las limitaciones al poder generan certidumbre y confianza hacia nuestras autoridades, lo que protegerá las inversiones y, lo principal, dará seguridad jurídica.

Y esto se logra solo cuando los que deben investigar y sancionar a los culpables permanezcan independientes, sin tomar decisiones solo por la presión ejercida. Que se investigue en serio, que no se dé pie a nulidades o sanciones posteriores a nivel internacional, que eso también desprestigia al país.

Esa rabia expresada en todos lados debe ser bien canalizada para evitar cometer injusticias. Es difícil que en una situación extrema como esta se pueda conservar la calma a la hora de actuar, pero ese es el papel que deben tener tanto fiscales como jueces. Para eso fueron elegidos.

Pero el dejar que trabajen no quiere decir que no se controle sus actuaciones. Deben seguir en la mira ciudadana, para que no se desvíen del camino.

Lo que quiero expresar es que los fiscales y jueces no se dejen llevar por la presión mediática y ciudadana para que no cometan graves violaciones legales. Se debe evitar que esto ocurra en las causas abiertas.

El respeto a las normas establecidas, principalmente constitucionales, debe ser la respuesta para no cometer injusticias en los casos, y para dar a la ciudadanía una correcta justicia.

Hasta ahora, el proceso se manejó en forma desprolija, no sé si por la extrema presión ciudadana, por la incapacidad fiscal, judicial, o por los obstáculos que denunciaron que vinieron desde la Fiscalía General. Pero lo que no debe pasar es que, con el tiempo, los culpables queden libres por las violaciones legales.

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