En contacto con Última Hora, Cardus negó las acusaciones hechas por algunos socios minoritarios de la firma, entre ellos Joseph Leonard Sronce y Leticia Flecha, contra él y su padre.
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El empresario manifestó que la denuncia presentada data del año 2015 y que incluso auditores externos de la marca internacional realizaron una inspección legal y contable, además del Ministerio Público, sin encontrar elementos probatorios.
Explicó que la denuncia por supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, apropiación, evasión impositiva, violación de la obligación de llevar libros de comercio y producción de documentos públicos de contenido falso carecía de argumentos, por lo que la Fiscalía ni siquiera los procesó.
“En ninguna de las acusaciones de tipos penales había sustento; por lo tanto, el Ministerio Público no nos procesó por eso. La fiscala del caso ni siquiera nos imputó”, remarcó.
Reconoció no obstante que el Ministerio Público decidió procesarlos, pero por otra razón: un error en la escritura pública tras la integración tardía del capital, según comentó. Por ese hecho, también está involucrado el marido de Leticia Flecha (una de las denunciantes), quien era uno de los socios y posteriormente transfirió sus acciones a su esposa.
Aseveró que, tras las auditorías realizadas por la propia firma de Hard Rock Café, no se encontraron irregularidades y que, por ese motivo, sigue siendo el presidente; de lo contrario, la empresa ya lo hubiese sacado.
Expresó además que luego de la denuncia realizada, incluso, les propusieron, mediante un abogado intermediador de la firma, comprar las acciones de los denunciantes, que serían un 20% aproximadamente, pero que los mismos se negaron, ya que pedían cobrar tres veces lo que invirtieron en un año.
Aclaró que este mes se podría tener el sobreseimiento definitivo de la causa y que, por ese motivo, los tres socios minoritarios están buscando ensuciarlo.
En otro de los puntos de la denuncia, Flecha acusó a Cardus de asignarse un salario de G. 25 millones como director de la empresa. No obstante, el mismo aseguró que tiene un acta de asamblea en la que figura que la mujer firmó la designación del sueldo.
La audiencia preliminar en el caso está fijada para el próximo 20 de abril y la fiscala del caso es Liliana Alcaraz. La primera agente asignada había sido Susi Giménez y posteriormente pasó a la Unidad de Delitos Económicos, a cargo de Josefina Aghemo y Luis Piñánez.
Última Hora intentó contactar con Alcaraz para conocer más sobre las diligencias de la Fiscalía, pero sus teléfonos estaban apagados.
