La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), fue quien defendió el proyecto alegando que los hogares de niños no están listos para la ejecución de la ley y esto podría causar que 1.000 niños queden en las calles.
Esto se debe a que la ley elimina las casas abrigo institucional que tienen más de siete niños, y establece que solo existan las casas abrigo residenciales, con máximo de seis niños.
“Lo único que se plantea en este proyecto es dar un plazo hasta el 5 de agosto de 2023. Si se adecua antes el hogar, mejor. Postergar hasta que el Estado dé una solución a estos niños”, expresó.
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), se opuso al proyecto, pidiendo que al menos se reduzca la prórroga de dos años a un año para la aplicación de la ley, explicando que es mentira que los niños quedarán en las calles ya que la norma establece que el Ministerio de la Niñez se encargue, y recordando que desde el 2016 ya se dispuso la transformación del modelo institucional al abrigo residencial, luego de estudios internacionales que indican que es nocivo para los niños.
Pidió un informe sobre el caso, pero la ley fue aprobada.
