La concentración de poder del presidente Horacio Cartes, tras la promulgación de importantes leyes impulsadas por el propio mandatario, fue uno de los temas más debatidos en estos 100 primeros días de Gobierno.
Al respecto, el analista político Alfredo Boccia, habla sobre una colisión entre la concentración de poder y la poca información de cómo se combatirá a la pobreza.
“Uno encuentra una colisión entre la concentración de poder que quiere Cartes y las pistas que da sobre su política económica, que parecen ser neoliberales, privatizadoras, y no nos ha mostrado nada de cómo va a enfrentar el problema del paraguayo que es la pobreza”, expresó durante un entrevista a Telefuturo.
Mientras el politólogo, Luis Morínigo, refirió que nadie sabe cómo una persona puede actuar cuando tiene el poder. Por ese motivo es que se “opta por una buena ley”, consideró.
En 100 días de Gobierno, el presidente Horacio Cartes logró que el Congreso sancione dos importantes leyes económicas, la de Responsabilidad Fiscal y de Alianza Público Privada, y la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna (Ver material relacionado).
“El problema es que si Cartes maneja de manera muy personalista esta concentración de poder, no será el Parlamento el que le pondrá freno, el Parlamento tiene una crisis de representatividad y desprestigio tan grande que yo no creo que por ahí venga el freno”, afirmó Boccia.
¿Qué dicen las leyes?
Con la modificación a la normativa 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna se otorga amplias facultades al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas en el combate contra grupos armados.
Con las modificaciones, se dan prerrogativas al titular del Ejecutivo para ordenar acciones militares, sin necesidad de que el Congreso declare un estado de excepción.
Con la ley de responsabilidad fiscal se busca reducir el déficit fiscal que va en aumento y también mejorar el uso del dinero proveniente de los impuestos pagados por los contribuyentes.
Mientras que la Alianza Público-Privada estipula que el Estado podrá firmar contratos para realizar obras en alianza con el sector privado. Es decir, la administración contratante encarga a un inversionista privado el diseño y/o construcción de una infraestructura y sus servicios asociados.
Esta ley busca dar mayor participación al sector privado en las obras públicas y además construir en forma más inmediata.
