Las cifras más elevadas se registran en Central, Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Público. La mayoría de los abusos suceden en el entorno familiar en un contexto de dominación masculina y con el respaldo de un sistema patriarcal que se va fortaleciendo en las instituciones estatales con la venia de los últimos gobiernos que dan cabida a ideas fundamentalistas y sin criterio científico.
Existen leyes para castigar estos hechos punibles, pero con un Poder Judicial que no da abasto ni mucho menos las Consejerías Municipales o el propio Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ante la necesidad de dar una respuesta rápida de protección a las víctimas ni que decir de políticas de prevención. Solo en el 2022, más de 13.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años tuvieron partos sin políticas públicas para asistirlas integralmente a lo largo de sus vidas, teniendo en cuenta que las secuelas del abuso y de ser forzadas a parir se arrastran en el tiempo o ¿ya olvidamos el caso Mainumby?
Sin fundamentos. ¿Con qué argumentos pretenden negar el derecho a la educación y a recibir información a los niños y niñas en las escuelas sobre temas que le afectan en la vida? Es evidente que hablar de sexualidad no es exclusivo de los hogares, no es una cuestión privada y aunque le pese a los padres y madres que siguen las ideas de grupos fundamentalistas, los derechos de sus hijos e hijas están por encima del dogmatismo.
Ante iniciativas de avances en materia de derechos a la educación, información y ambiente sin violencias para la niñez y la adolescencia, estos grupos recurren a una supuesta amenaza hacia la patria potestad de los progenitores, cuando en realidad confunden este conjunto de derechos y responsabilidades de proteger el interés superior de niños y niñas con la propiedad privada que rige para los objetos.
Es el mismo pensamiento que persiste en la violencia hacia la mujer, donde el agresor asume a la mujer como su propiedad y por eso considera que puede hacer con ella lo que quiera, como si estuviera respaldándose en el derecho a la propiedad privada.
De hecho, Paraguay adeuda la presentación de su informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que en el 2017 advertía sobre una regresión en los derechos de las niñas, principalmente por la Resolución Riera, que prohíbe la difusión de materiales sobre teoría de género en las escuelas, cuando dota de herramientas que permiten estudiar y comprender las desigualdades de género, de manera a contribuir con las necesarias transformaciones sociales.
Es por eso que el sistema educativo debe responder al llamado internacional de trabajar por la eliminación de los diferentes tipos de violencias en niños, niñas y adolescentes. No solo enseñar a estudiantes y docentes a detectar signos de abuso, sino a promover la igualdad, el respeto a la diversidad y la no discriminación, enseñar a los estudiantes varones sobre el amor y la tolerancia, a demostrar sin prejuicios sus sentimientos y emociones y a disfrutar de ellas.
Por supuesto que esto no será posible mientras que el Ministerio de Educación encubra los intentos de antiderechos de incidir en el contenido educativo sin sustento científico como el caso de las 12 Ciencias, que si no fuera por las articulaciones de derechos humanos, hubiera llegado a todas las escuelas.
De ahí la importancia del fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que expresaron nuevamente el 25N sus demandas colectivas.
