En los últimos días los paraguayos hemos observado con indignación e impotencia cómo en el Congreso Nacional se tomaban decisiones fundamentales para nuestra República, sin participación ciudadana y totalmente a espaldas del sentimiento de una amplia mayoría de la sociedad.
El aumento salarial del 16% a los maestros –el sector más privilegiado del privilegiado sector público– cuando una parte importante de los empleados del sector privado o han perdido su trabajo o se debaten en medio del subempleo.
La reducción en USD 40 millones en lo que va del año, de los recursos del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) para destinarlos al Poder Judicial y a los Partidos Políticos.
Y lo más grave, los nombramientos del defensor del Pueblo y muy especialmente el del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, en procesos extremadamente acelerados, producto de un pacto político que hasta ahora nadie quiere reconocer públicamente.
Estas decisiones son absolutamente legales, pero todas ellas violan claramente la ética política.
Recordemos que somos un país que nos proclamamos República, que viene del latín “res“ que significa cosa y “pública“ que viene de “populus“, el pueblo. Cualquier pacto secreto entre nuestros gobernantes viola el principio fundamental de que los temas públicos deben debatirse públicamente.
También recordemos que nuestra Constitución en su primer artículo dice que “la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista”, con lo cual el pacto político mencionado anteriormente, no solo es antirepublicano sino también antidemocrático.
Si las decisiones fueron antiéticas, es necesario que tengamos alguna definición sobre lo que es la ética, y para mí la más sencilla es la que dice que es un conjunto de principios que definen lo que está bien y lo que está mal, para la vida o para una actividad específica.
Por eso se habla de la ética médica, de la ética periodística o de la ética política. En el ejercicio de cada una de esas actividades existen normas para proteger un bien superior.
En la medicina el bien superior a proteger es la vida del paciente, en el periodismo el bien superior a proteger es la verdad y en la política el bien superior es el bien común.
Un comportamiento antiético se produce cuando un médico con el objetivo de lucrar pone en riesgo la vida del paciente o cuando un periodista con el objetivo de obtener ráting o dinero, miente o tergiversa la verdad.
Un comportamiento antiético en la política se produce cuando con objetivos puramente electorales o peor si hay corrupción de por medio, un político apoya medidas que van en contra del bien común.
Desde la época de los griegos y los romanos, la ética y la política eran vistas como los dos ojos de un mismo rostro, no podía funcionar bien la una sin la otra.
En Grecia Aristóteles decía “cuando un individuo se encuentra falto de ética y ejerce el poder, no mide el alcance de sus actos y puede cometer acciones irracionales o bestiales”. En Roma Cicerón decía “cuando los políticos no se rigen por la ética, son como hienas a la caza del poder”.
Antes de la pandemia nuestra democracia iba degradándose año tras año y nuestros políticos –con algunas excepciones– nos brindaban un triste espectáculo de incompetencia, de corrupción, pero por sobre todas las cosas, de una total falta de ética.
Muchos pensaban que el enorme impacto de la pandemia iba a cambiar para mejor a la gente. La crisis ha sido tan grande que muchos esperábamos renunciamientos en aras del bien común, pero lo que vimos fue todo lo contrario.
Cuánta razón tenía el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso cuando decía “en momentos que exigen grandeza, lo que se ve es la miseria política”.
Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo en el Paraguay.
