El procedimiento forma parte de una investigación iniciada para desarticular una red dedicada al reclutamiento y explotación de mujeres extranjeras, de acuerdo con lo informado por la Policía Federal de Foz de Yguazú.
La localidad donde se realizaron los allanamientos está ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ciudad del Este, Paraguay.
La causa comenzó el pasado 6 de mayo, cuando agentes federales recibieron información del Comando Tripartito sobre la presencia de mujeres extranjeras privadas de su libertad en un establecimiento de esa localidad.
Durante la primera intervención, los investigadores localizaron a diez mujeres paraguayas. Dos de ellas denunciaron haber sido víctimas de abusos y solicitaron ser rescatadas de manera inmediata por las autoridades.
Las investigaciones revelaron que las víctimas eran captadas en Paraguay mediante falsas promesas de empleo o aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica.
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Una vez trasladadas a territorio brasileño, se les impedía abandonar el lugar libremente y eran sometidas a un sistema de servidumbre por deudas, generado a través de obligaciones económicas presuntamente impuestas por los responsables del establecimiento.
Según la Policía Federal, la organización ejercía control psicológico sobre las mujeres mediante intimidaciones constantes, restricciones en la comunicación con sus familiares y la apropiación total de los ingresos obtenidos por los servicios prestados.
Los allanamientos autorizados por la Justicia Federal fueron para incautar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, cuadernos de registros y otros documentos que permitan comprobar el manejo financiero de la actividad ilícita y la retención de dinero de las víctimas.
La Policía Federal pretende identificar a todos los integrantes de la red transnacional de captación y explotación, así como garantizar la protección y asistencia de las demás mujeres que permanecían en el lugar bajo un contexto de coerción y dependencia económica, agrega el informe.
De confirmarse las acusaciones, los involucrados podrían enfrentar penas que oscilan entre 10 y 28 años de prisión.
