“Quiero hacer conocer a la población boliviana que no existe orden de aprehensión alguna contra funcionarios del Estado como Evo Morales y los ministros de su gabinete”, dijo al canal privado Unitel el comandante nacional de la Policía, Yuri Calderón.
Calderón aclaró que es la Fiscalía y no la Policía la entidad que emite las órdenes de aprehensión.
El jefe policial aseguró que “la orden ha sido emitida para los presidentes de tribunales departamentales electorales y los vocales departamentales de las cortes electorales”.
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También se ordenó aprehender a María Eugenia Choque, ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y Antonio Costas, quien renunció a la vicepresidencia del organismo electoral poco antes de que termine el escrutinio de las elecciones del 20 de octubre y en medio de protestas por un fraude para la reelección de Evo Morales.
Hasta el momento se han ejecutado 25 órdenes de aprehensión en contra de presidentes y vocales de los diferentes tribunales electorales departamentales, precisó Calderón.
Evo Morales denunció este domingo, tras anunciar su renuncia como presidente de Bolivia, que corre el riesgo de ser detenido ilegalmente y que grupos violentos asaltaron su domicilio.
“Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho”, escribió Evo Morales en Twitter.
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Morales renunció de palabra, pero hasta el momento no se ha conocido ninguna carta suya, ni de su vicepresidente, Álvaro García Linera, en ese sentido.
El mandatario había anunciado por la mañana su decisión de convocar a nuevas elecciones, tras más de dos semanas de movilizaciones ciudadanas en contra de lo que la oposición consideraba un fraude electoral y de enfrentamientos entre sus detractores y partidarios, además de motines policiales en los dos últimos días.
Horas antes, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió de graves irregularidades en los últimos comicios generales celebrados en Bolivia.
Los movimientos ciudadanos contrarios a Morales decidieron mantenerse movilizados pese a su anunciada renuncia porque temen que ocurra lo mismo que en Venezuela en 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue derrocado y retomó el poder en 48 horas.
Tras la renuncia de Morales salieron grupos vandálicos a incendiar, apedrear y saquear casas y comercios en ciudades como La Paz y El Alto.
En La Paz han acusado a grupos afines a Morales por el vandalismo, que se ha centrado en la zona sur, que en las últimas semanas fue donde más se sintió la protesta ciudadana en contra de su reelección.
Varios espacios del servicio municipal de transporte en distintos puntos del sur paceño han sido atacados por turbas que incendiaron los autobuses conocidos como PumaKatari, y defendidos por los choferes sindicalizados afines a Morales.
El ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, crítico del Gobierno de Morales, mostró en Twitter una fotografía de su casa en llamas.
Yuri Calderón aseguró que el cuerpo que dirige “ha desplegado a todo su efectivo policial para controlar esta situación caótica” en La Paz y que se han pedido refuerzos a otras regiones bolivianas.
