El miércoles 4 pasado, María Constancia Benítez, diputada por el PLRA, estuvo por la sede de la Contraloría General de la República (CGR). Esta visita tomó estado público atendiendo a que su hijo, Magín Benítez, intendente de Villarrica, tenía como plazo hasta el jueves 5 de marzo, un día después, para presentar su descargo ante las irregularidades detectadas preliminarmente por la CGR a su gestión.
En contacto con ÚH, la diputada respondió que su presencia en el citado organismo solo fue para buscar a su esposo, Magín Benítez (homónimo a su hijo el intendente), quien fue con la delegación de la municipalidad desde Villarrica a entregar las documentaciones del intendente.
“Yo vine a Asunción el 2 de marzo porque tenía sesión al día siguiente. Mi marido (Magín Benítez) tenía que hacer su quimioterapia el miércoles en IPS. Tenemos dos vehículos. Uno lo usé yo para venir a Asunción y el otro se usó para traer las documentaciones a la Contraloría. Allí vino mi marido para su tratamiento. Si ustedes ven las fotos verán que yo solo saludé a la gente y luego me retiré”, explicó.
La diputada detalló que la municipalidad de Villarrica no tenía ningún móvil disponible para traer los documentos por lo que usaron una camioneta de la familia, de las dos que poseen.
“Yo no tuve contacto con el contralor. Solo con la gente de la mesa de entrada porque no sabían dónde bajar los documentos respaldatorios. Le pregunté al señor (sin citar el nombre) dónde se presenta los documentos. Siquiera vi cuantos documentos bajaron ni como hicieron, yo me fui con mi marido poco después de llegar”, expresó.
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Versión de la Contraloría
Camilo Benítez y Augusto Paiva, contralor y subcontralor de la República respectivamente, negaron a ÚH que hayan tenido una reunión con la diputada. Ambos afirmaron que se enteraron de la presencia de la diputada en la CGR a través de los medios de comunicación.
En cuanto a la investigación en contra de Magín Benítez (hijo), la CGR realizó una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villarrica, donde halló irregularidades administrativas por un monto total de G. 21.366 millones, de la gestión financiera 2024 y 2025, a cargo del citado jefe comunal liberal. Esto fue dado a conocer el pasado 14 de febrero.
Entre los hallazgos se señalan el manejo irregular de fondos, falta de documentación de respaldo, deficiencias en contrataciones públicas y el incumplimiento de normativas de transparencia. El descargo se produjo el miércoles 4. Desde ese momento, la Contraloría tiene 30 días para emitir un dictamen final que se tendrá en los primeros días de abril.