La jefa comunal tiene dos denuncias en su contra.
Una, realizada en el 2023; en esa causa, la Fiscalía ya tiene en su poder un dictamen de Contraloría con relación al balance 2022, donde se expone un presunto perjuicio de G. 112 millones, en la provisión de almuerzo escolar.
Otra denuncia se presentó en mayo del 2024 y se amplió en setiembre del mismo año.
Ambas causas están en manos de la fiscala Teresilde Fernández, quien sigue sin imputar ni hacer allanamientos, según las denuncias.
En este segundo caso, los pobladores y concejales esperan el dictamen de Contraloría, específicamente el resultado de fiscalización especial inmediata (FEI), donde debe reportar el presunto perjuicio del año 2023, respecto al rubro vial, ya que la Comuna contrató empresas tercerizadas y se hicieron los pagos, pero no las obras.
El abogado Salvador Sánchez reveló la existencia de un “corporativismo” de cinco concejales que trabajan conjuntamente con la intendenta.
