En medio de la presión que enfrenta el Gobierno por el reclamo salarial de los médicos, además de la necesidad de cubrir mayores demandas en salud, educación, infraestructura, seguridad y otros servicios públicos, se instaló en el país un debate sobre cómo conseguir más recursos para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El proyecto debe ser presentado al Congreso a más tardar mañana martes 1 de setiembre.
Teniendo en cuenta el reclamo de los médicos, que piden un reajuste salarial de hasta 76%, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que se necesitan alrededor de USD 100 millones más el año que viene para financiarlos.
Sin embargo, las finanzas públicas ya se encuentran con los cinturones ajustados debido a que para 2027 el Gobierno prevé un déficit de 3,9% del PIB, ante la necesidad de pagar deudas acumuladas a proveedores, mientras que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece solo un tope de 1,5%.
En ese marco, algunos economistas sugieren recortar o reasignar gastos, otros consideran que el problema de fondo es que el Estado recauda demasiado poco y que, por lo tanto, la discusión debería pasar por aumentar las recaudaciones, principalmente eliminando beneficios para los sectores de mayor poder adquisitivo.
Sobre este último punto, el economista y docente Víctor Raúl Benítez plantea revisar el gasto tributario; es decir, los recursos que el Estado deja de percibir mediante las exoneraciones o exenciones tributarias, tasas reducidas y otros beneficios fiscales. Señala que para este 2026, la Ley 7609 que aprueba el PGN estima este gasto en G. 5,5 billones, lo que equivale a aproximadamente USD 928 millones.
Revisión de exoneraciones. Para Benítez, no es necesario eliminar todos estos beneficios ni aumentar de manera general las tasas impositivas, sino revisar aquellos que tienen una baja justificación social o que benefician principalmente a contribuyentes con mayor capacidad económica.
“La literatura encuentra que muchos incentivos a la inversión son redundantes y que factores como infraestructura, estabilidad, reglas claras, acceso al mercado y calidad institucional suelen pesar más que las exenciones tributarias. En encuestas a inversionistas de países en desarrollo, los incentivos fiscales ocuparon el lugar 11 entre 12 factores de localización. También se considera que los créditos por inversión y la depreciación acelerada suelen generar más inversión por unidad de costo fiscal que las vacaciones tributarias y las exoneraciones generales”, afirma.
Combustibles. Entre sus prioridades menciona el tratamiento preferencial de los combustibles, las exoneraciones sobre determinadas rentas financieras y del capital, los beneficios aplicados a inmuebles de alto valor y ciertos tratamientos especiales para juegos de azar y otras actividades comerciales.
“La propuesta debería presentarse como una racionalización ordenada por externalidad, progresividad, adicionalidad y costo fiscal. Los beneficios vinculados a educación, salud, medicamentos, canasta básica e inclusión financiera deben preservarse o reformarse únicamente mediante mecanismos de focalización que eviten trasladar la carga a hogares vulnerables”, advierte a su vez.
Benítez también encuentra espacio para reasignar recursos dentro del propio presupuesto del Ministerio de Salud. Su análisis de la ejecución de los recursos del Tesoro entre 2021 y 2025 identificó partidas que sistemáticamente quedaron subejecutadas.
Histórico. Según destacó, la brecha histórica asciende a G. 465.529 millones, aunque aclara que no todo ese monto constituye dinero disponible, por lo que señala un promedio de G. 93.106 millones, unos USD 15,5 millones, que podría servir como referencia para reasignar recursos hacia salarios y otros gastos prioritarios de Salud, siempre que se confirme que las partidas no ejecutadas tampoco serán necesarias para contratos, proyectos, inversiones o compromisos del PGN 2027.
De esta manera, solo con la primera etapa de revisión del gasto tributario y una eventual reasignación de recursos subutilizados en Salud, Benítez identifica un potencial de alrededor de USD 89 millones en el extremo superior.
Una segunda etapa, que incluya la revisión de incentivos empresariales, podría sumar otros USD 12 millones a USD 25 millones, aunque el propio economista considera que sus efectos se verían principalmente desde 2028.
“El propósito no es modificar el PGN 2026 durante su ejecución, sino utilizar la evidencia histórica de subutilización para justificar una mejor composición inicial del presupuesto del MSPBS en el PGN 2027, reduciendo asignaciones persistentemente superiores a la capacidad real de ejecución y aumentando, en contrapartida, los recursos destinados al Grupo 100 Servicios Personales”, aclara en un documento en el que detalla sus propuestas.
Reducción gradual de los incentivos
Con una aplicación gradual (reducción de exoneraciones) el Estado podría recuperar hasta USD 74 millones en una primera etapa. En cuanto a los combustibles, estima una recaudación de entre USD 25 millones y USD 43 millones; entre USD 10 millones y USD 18 millones para el caso de las rentas financieras y del capital; entre USD 5 millones y USD 8 millones por inmuebles de alto valor; y entre USD 1,6 millones y USD 4 millones para lo vinculado a juegos de azar y determinadas actividades comerciales de entidades exentas.
- 928 millones de dólares anuales representan las exoneraciones fiscales otorgadas a empresas.
- 3,9 por ciento del PIB es el déficit fiscal estimado para el Presupuesto del año entrante.
Modelo país
El economista Jorge Garicoche, por su lado, afirma que el problema no consiste solamente en encontrar dinero para responder a los médicos o a cualquier otro sector, sino en definir primero qué clase de país quiere construir Paraguay y cuáles deben ser sus prioridades.
Advierte que no tiene sentido continuar aumentando la infraestructura pública si después el Estado no tiene recursos para mantenerla y hacerla funcionar. Utiliza como ejemplo las rutas construidas durante los últimos años, muchas de las cuales comienzan a deteriorarse por falta de mantenimiento.
Igualmente, recuerda el caso de los hospitales, por lo que insta a que, antes de seguir construyendo nuevos, se debe garantizar la existencia de recursos para pagar al personal, comprar medicamentos, adquirir insumos y sostener los servicios.
“Debemos pensar en sostenibilidad. ¿Para qué seguir haciendo más hospitales si había sido no tenemos plata para pagarles a los doctores, para los insumos y para dar todas las condiciones adecuadas? ¿Para qué seguir haciendo rutas si había sido no podemos mantenerlas? Creo que ahí hay una gran discusión y, sobre todo, la gran discusión es qué tipo de país queremos ser”, expresa en entrevista con ÚH.
Sin reformas. No obstante, considera poco realista esperar grandes reformas estructurales durante el 2027, más aún teniendo en cuenta que el país comenzará a entrar en la época electoral hacia las presidenciales de 2028. Ante eso, propone aprovechar el próximo año para generar consensos entre el sector político, empresarial y la sociedad civil, y preparar reformas más profundas para los años siguientes.
