El Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay 2020-2024, un proyecto que se discute a nivel del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, integrado por representantes de ministerios, poderes del Estado y varias oenegés, está en la mira de organizaciones civiles y padres de familia, entre otros.
Entre los principales reclamos figura la falta de participación oficial de estos en el mencionado Consejo. Según denuncian, solo en algunos casos son convocados, y en otros, se “autoinvitan” a las reuniones; en cualquiera de ellos, los reclamos no son considerados o incorporados en el documento. Todo se reduce a una “cuestión formal”.
Si bien, el debate y el diálogo con la ciudadanía, así como su participación efectiva a la hora de plantear proyectos sensibles, no es cosa fácil, debe ser, no obstante, una prioridad para las autoridades respectivas en estos casos. Y en este, quizás con mayor urgencia, pues se trata nada más y nada menos que la inquietud de los principales actores de la educación y protección de la niñez: los padres o encargados de los afectados o beneficiarios de dichas iniciativas.
Es por ello que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), al igual que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ambos involucrados en el proyecto, deben garantizar esta necesaria participación efectiva, activa y real.
Siempre será saludable contar con la opinión, aporte y/o acuerdo de representantes del padre y la madre “común y corriente” en estas planificaciones gubernamentales; las que deben considerar no solo los principios constitucionales referidos a la familia, la niñez y la educación, sino también el respeto de los valores, la tradición y la cultura del Paraguay. Es sentido común.
Hay que ser claros. La mayoría de las oenegés y referentes que trabajan en la actualidad en los campos de la niñez y adolescencia en los diferentes ámbitos gubernamentales son difusores de la ideología de género, la que va contra las ciencias humanas, la biología y la medicina; rechazando –entre otras cosas– la formación del niño como varón y de la niña, como mujer; priorizando el sexo sicológico sobre el biológico.
Y los efectos de la implantación de estas teorías “enlatadas” ya pueden verse en países como Argentina, España, entre otros, siendo la niñez y la familia, las primeras víctimas de estos experimentos contemporáneos de moda, muy bien financiados –por cierto– por fundaciones multinacionales y promovidas por organismos como las Naciones Unidas y sus satélites.
La Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, que aglutina a más de 30 organizaciones civiles, presentó cuestionamientos claros al plan, entre ellos, “la inversión del orden constitucional de principal garante en la protección de los niños, posicionando al Estado por sobre los padres de familia” y “la introducción del enfoque de género y el principio de interculturalidad como ejes transversales en las políticas públicas sobre niños desde los 0 años”.
A estos, suman el cuestionamiento por la gran participación en la elaboración del proyecto de organizaciones que promueven la cuestionada teoría y hasta el aborto, según explica la abogada Valeria Insfrán, representante de la Red.
Igualmente, objetan el trasfondo de ciertos conceptos del plan, como el de “autonomía progresiva”, que implica una independencia, legal o de hecho, del menor respecto a sus padres; “lo cual impide establecer límites claros y precisos entre las decisiones que los menores pueden tomar sin el consentimiento de sus padres”, agrega la abogada.
El derecho de los padres de educar a sus hijos y la libertad de educación son valiosos y deben ser custodiados. Intentar la participación efectiva en una sociedad plural puede resultar complicado, pero cuando los involucrados son uno de los principales actores, vale el esfuerzo. Por qué no considerar sus reclamos, sobre todo si lo que se busca es el bien de la niñez y no quedar bien con ninguna ideología del momento.
