17 ene. 2026

Piden que torturas de época stronista no queden impunes

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Testifican hechos. Los familiares ya declararon ayer ante la fiscala de la causa.

GENTILEZA

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) acompañó una denuncia de la familia Salinas-Bobadilla, por hechos ocurridos durante la dictadura, en 1976, en donde Juan de Dios Salinas fue ejecutado y desaparecido y Rosa Joaquina Bobadilla brutalmente torturada, incluso mientras sostenía a su bebé en brazos.

“La Codehupy exige justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura stronista... Busca de verdad, justicia y reparación para la familia”, explicaron.

La causa ya está siendo investigada por la fiscala Sonia Sanguinés.

LA CAUSA. Era plena época de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando en abril del 1976 se inicia una represión recordada como la Pascua Dolorosa. Se les sindica al mayor Aquino, al teniente Baruja y al encargado Ferreira, de llevar adelante las violaciones de derechos humanos.

El último día de ese mes se allanó la casa de la familia Salinas-Bobadilla, ubicado en la compañía Simbrón, distrito de Beato Roque González, Departamento de Paraguarí.

Las fuerzas represivas tomaron a sus ocupantes, convirtiendo el lugar en un destacamento policial militar, que se mantuvo un año ocupado por las fuerzas de seguridad, como un espacio para torturar, según la denuncia.

Dos meses después de esto, Juan de Dios Salinas, fue ejecutado en junio de 1976 y su cuerpo sigue hasta hoy desaparecido.

Eduardo Aguayo, abogado de la Codehupy, que patrocinó la denuncia, explicó que la familia ya obtuvo la reparación del daño en términos de indemnización, pero que ahora, con la acción penal, se busca que el caso no quede impune.

BUSCAN INDIVIDUALIZAR. Los denunciantes dieron los nombres de los que conocen que estuvieron esos días en las torturas, y que todos estaban bajo el mando de Sapriza.

“Se requiere que el Ministerio Público recabe los testimonios de otras personas, vecinos, de otras víctimas, y pueda contrastarse con los archivos del terror, para la identificación plena de los represores”, sostuvo Aguayo.

Se sabe que muchos de los que actuaron, ejecutaron, e incluso, los subalternos están aún con vida, por lo que “el Estado debe comenzar a saldar la deuda en materia de impunidad”, apuntó.

Los familiares ya declararon ayer ante la fiscala y ahora se harán los pedidos de informes a la Defensoría del Pueblo, Archivo del Terror, y otras instituciones, para la individualización de los que intervinieron en los procedimientos.

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