El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió al juez Humberto Otazú que revoque las medidas alternativas que tienen dos procesados en la causa en la que está imputado el diputado colorado Esteban Samaniego y acusada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.
Se trata de Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas. Este último recusó ayer al juez, y logró suspender por tercera vez la audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso va o no a juicio.
El fiscal solicitó que los acusados vayan a prisión, “atendiendo a que han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a demorar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales”.
El pedido es a fin de asegurar que se realice la audiencia preliminar.
Según Corbeta, hay suficientes elementos para que ambos vayan a prisión, ya que hay peligro de fuga.
Tanto Lovera, Vargas y la esposa del diputado Patricia Corvalán están acusados junto a otras personas más de supuestamente formar un esquema para desviar G. 1.108 millones.
El dinero debía ser utilizado para la reparación de colegios, pero en su lugar se destinó para la construcción de la vivienda familiar para el matrimonio Samaniego-Corvalán.
Suspensión. La primera vez que se intentó hacer la audiencia fue en febrero de este año, pero se postergó porque la intendenta de Quyquyhó apeló la fijación de la preliminar. Luego de que rechazaran su apelación, el 23 de mayo se intentó hacer nuevamente, pero allí el ex jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad, Enrique Lovera, recusó al fiscal Silvio Corbeta y al juez Humberto Otazú. El último intento fue ayer, pero el procesado Guido Vargas volvió a recusar al magistrado, a través de su abogado Juan David Campuzano y pidió al Tribunal de Apelaciones que le aparte de la causa.
