EFE
La solicitud de recusación de los jueces por “parcialidad manifiesta” se produjo después de que la Fiscalía objetara una pregunta de la defensa a uno de los testigos en el juicio, el comisario Pedro Lezcano, miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
El abogado realizó una pregunta acerca de la capacidad letal de una de las balas presuntamente empleadas durante el tiroteo que acabó con la vida de once campesinos y seis policías en junio de 2012, durante el desalojo de unos labriegos que ocupaban un terreno del distrito de Curuguaty para pedir que se integrara a la reforma agraria.
Por la muerte de estos seis policías durante el tiroteo están siendo juzgados once campesinos que enfrentan cargos de homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de los labriegos durante la masacre.
El pedido de recusación presentado este martes se suma a los cerca de diez elevados anteriormente por la defensa contra los integrantes del tribunal por diversas causas, entre ellas la ausencia en el inicio del proceso de traductores a la lengua guaraní.
Todos estos pedidos fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá, que deberá ahora decidir si recusa a los jueces y designa otros miembros para el tribunal o los confirma en sus puestos y dictamina que se reanude el juicio.
En relación con esta Cámara, de la que depende la jurisdicción de Curuguaty, los abogados ya pidieron que se inhibiera uno de sus miembros, Guillermo Zillich, porque participó como fiscal coadyuvante en la investigación por la masacre junto al viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Jalil Rachid.
El próximo viernes está previsto que se celebre en el Congreso una audiencia sobre el desarrollo del juicio por el caso Curuguaty, en el que tanto la defensa como organizaciones que apoyan a los acusados encuentran numerosas contradicciones e irregularidades en la investigación de los hechos, por lo que reclaman su anulación.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur o el Mercosur.
