Además, se solicitó que la causa sea elevado a juicio oral y público para el juzgamiento de los acusados.
La investigación fiscal abarcó el periodo comprendido entre los años 2016 y 2023, durante la administración del actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez.
La acusación fiscal señala que durante el periodo investigativo “se permitió establecer que el matrimonio conformado por Cáceres y su cónyuge Ruth Jazmín Da Silva Almirón registró un vertiginoso e injustificado incremento patrimonial”.
Esto, teniendo en cuenta que “a pesar de que la pareja haya percibido ingresos legales por un total de G. 3.126 millones durante ese periodo, realizaron adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, presentando un desfasaje patrimonial no sustentado que, tras excluir operaciones simuladas, asciende a G. 1.016 millones”, sostiene el requerimiento del Ministerio Público.
Se sospecha que el ex alto funcionario de la Comuna capitalina habría desviado millonarios fondos de la Municipalidad que debían ser destinados para el combatir el Covid-19 y en plena pandemia mando construir una lujosa mansión en San Lorenzo.
de origen ilícito. “El análisis patrimonial y financiero, basado en informes técnicos de la Contraloría General de la República y el Departamento de Análisis e Investigación Económica del Ministerio Público, concluyó que el patrimonio adquirido por los acusados –que incluye lujosas viviendas, vehículos de alta gama y mobiliario por un valor global de G. 7.764 millones– fue obtenido con recursos de origen ilícito, que posteriormente habrían sido legitimados mediante maniobras de ocultamiento y simulación de transferencias de bienes a terceras personas”, señala el documento.
Además, menciona que “entre las principales operativas detectadas se encuentra la cesión simulada de inmuebles a una asistente odontológica de la acusada, y a la madre de esta, ambas sin capacidad económica demostrada, con el fin de frustrar el eventual comiso de los bienes y ocultar su titularidad real”.
Tras culminar la etapa investigativa, el Ministerio Público presentó la acusación contra los acusados y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación de la causa a juicio oral y público, en virtud de la existencia de elementos probatorios suficientes que sustentan la participación penalmente relevante de los procesados, “en una conducta que atenta gravemente contra la función pública, la transparencia administrativa y el sistema de prevención de lavado de activos en el país”.
