Tras una denuncia del propio ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se iniciaron las investigaciones a tres agentes de la institución Antidrogas, que ahora fueron acusados por la fiscala Anticorrupción Belinda Bobadilla. Aquellos, junto a la jefa técnica regional de la Dinavisa, habrían extorsionado a un empresario.
La fiscala acusó y pidió juicio oral por extorsión y cohecho pasivo agravado (coima) para Gabriel Macen, Andrea Solís y Violeta Soledad Sotelo, todos agentes especiales de la Senad; el primero como autor y las demás como cómplices.
A su vez, está acusada Dolly Raquel Núñez, jefa técnica regional de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Departamento de Canindeyú.
Estos hicieron supuestamente una verificación “irregular” y no autorizada a la farmacia Quimic Brillo, ubicada en Curuguaty.
Según la imputación, los cuatro funcionarios llegaron hasta el local de Aldo Alberto Silvero, el 4 de junio de 2024, para una supuesta “verificación” de productos químicos, como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, cuyo almacenaje y comercialización deben ser inspeccionados.
El local se encontraba realizando trámites administrativos para pasar de categoría A a la B –necesario para la venta de productos domisanitarios–. Esa misma mañana, ya hubo verificación de parte de funcionarios de Dinavisa, de la Central, y solo faltaba una firma en la emisión del certificado del local.
Quien debía firmar era Dolly Núñez, como jefa de ese departamento; sin embargo, ella misma habría terminado siendo una de las propulsoras de la extorsión.
EXTORSIÓN Y AMENAZAS. Cuando llegó la presunta comitiva al local, estos hicieron constar en acta que, si bien la empresa tenía las documentaciones correspondientes, supuestamente “no contaba con la habilitación del establecimiento por parte de Dinavisa y Senad”, lo cual, para la Fiscalía, “no se condecía con la realidad”, porque la habilitación sí existía, solo estaba pendiente la firma del cambio de categoría.
Ese día –4 de junio de 2024– Gabriel, frente a las otras dos agentes y a la funcionaria de Vigilancia Sanitaria, le habría propuesto al empresario el pago de USD 10.000 “a cambio de que le fuera otorgada la habilitación administrativa a su local”.
Al mostrarse Aldo Silvero reticente a pagar, según la fiscala Belinda Bobadilla, nuevamente el agente Gabriel Macen “amenazó al señor de que si no pagaba, se comunicaría a la Fiscalía para que intervenga el local... y que iría a la cárcel por ese motivo”.
Finalmente, habría bajado las tratativas a G. 50 millones, lo cual fue aceptado por el denunciante, quien propuso pagar una parte y el resto a fin de mes.
Silvero terminó saliendo para el banco Visión, de donde retiró G. 12 millones, supuestamente, y su esposa le entregó unos G. 4 millones más.
El pago se habría hecho en la camioneta de Núñez.
Pruebas entregadas
La fiscala Anticorrupción presentó al Juzgado las evidencias del caso, como la denuncia del ministro Jalil Rachid y la de la víctima, así como los informes remitidos por la propia Dinavisa.
Además, se habían incautado de imágenes de circuito cerrado de la empresa, “donde se observa que acudieron hasta el local los agentes especiales de la Senad, a bordo de un vehículo de la marca Ford, de color azul, y otro blanco, de Dolly Núñez.
