Además, también pidió interrogar a Marcelo Odebrecht, encarcelado en Brasil, en el marco de esta investigación.
Esta petición dirigida a la Fiscalía también solicitó investigar a Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú, y a Gonzalo Monteverde, presunto responsable de blanquear los sobornos, según explicaron hoy la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y el procurador anticorrupción, Amado Enco en rueda de prensa.
Entre la lista de funcionarios a interrogar también hay una serie de ministros de los Gobiernos de Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala (2011-2016), períodos en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos a cambio de adjudicarse millonarios proyectos.
En esa condición se encuentra la inclusión del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y posteriormente primer ministro del Ejecutivo de Toledo.
Enco detalló que la solicitud de ampliación de denuncia se basa en información y datos de diferentes fuentes, como el informe de una comisión parlamentaria que investigó las actuaciones de constructoras brasileñas en Perú, y en denuncias periodísticas publicadas en los últimos meses.
Príncipe aseguró que los sobornos de Odebrecht en Perú constituyen un “megacaso de corrupción con una infinidad de aristas” e indicó que es “transversal a varios Gobiernos”.
Por esa razón, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado no descartó solicitar posteriormente la inclusión en las pesquisas de los Gobiernos del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La compañía brasileña acordó con la Fiscalía de Perú pagar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) como un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos.
El convenio también contempla entregar toda información o documentación que le sea requerida, incluso cuando esta se encuentre en otros países, para que sea corroborada y valorada en función de su utilidad y trascendencia de cara a un eventual acuerdo final.
