05 dic. 2025

Piden auditar causa Renato por “manejo malintencionado”

26257165

Auxilio. Video de la cámara de seguridad muestra a la mamá de Renato pedir auxilio.

gentileza

Los abogados de la familia de Renato Rojas Talavera, el niño que falleció en el sanatorio Migone en el 2019, a causa de una presunta negligencia médica, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia realizar una auditoría a las actuaciones y el proceso en sí.

El pedido fue presentado por los abogados Juan Martín Barba Recalde y Rodrigo Hidalgo Cuevas, quienes remitieron una nota dirigida al presidente de la Corte, César Manuel Diesel, que solicita la realización de una auditoría de gestión de respuesta inmediata en la causa de Renato, en la cual se investiga a cuatro médicos del sanatorio privado Migone por los hechos de omisión de auxilio, homicidio culposo y abandono.

Los representantes legales de la familia Rojas Talavera señalan que el motivo del pedido obedece a que el desarrollo procesal en la misma se ha visto en innumerables ocasiones interrumpida “por las constantes chicanas planteadas por los abogados de los imputados en forma dolosa, reiterativa, y sistemática con la complicidad y beneplácito de dos fiscales adjuntos e incluso jueces que han creado las condiciones propicias tendientes a lograr la prescripción de la causa”.

En ese sentido, denuncian el “manejo malintencionado de las partes en el proceso, a los efectos de que por medio de una auditoria se esclarezcan estos hechos y se sancionen ejemplarmente a los responsables por el ejercicio abusivo y distorsionado del Derecho y se los declare litigantes de mala fe”.

Además, solicitan que se apliquen las sanciones disciplinarias, pecuniarias y de otra índole pertinentes, merecidas por estos manejos desvergonzados con los cuales están procediendo.

CUATRO AÑOS. Respecto al pedido realizado a la Corte, resaltan que es importante recordar que la vida de un niño inocente e indefenso fue cegada el 20 de agosto del 2019 (hace más de cuatro años) cuando su madre buscó atención médica para el mismo en el sanatorio Migone.

Sobre el punto, resaltan que dicha “institución que en complicidad de los cuatro médicos acusados se desentendieron de los desesperados pedidos de asistencia y auxilio para que atiendan a su hijo Renato”.

Además, mencionan que incluso los médicos “se burlaron” de los pedidos de asistencia realizada por la madre en la zona de urgencia y hoy esos mismos médicos “se están valiendo de todo tipo de artimañas para conseguir salir impunes del caso y no llegar a afrontar el proceso y ser debidamente juzgados en un juicio por los hechos que han cometido”.

Renato Rojas, de 2 años, ingresó al sanatorio en cuestión a las 08:10, del 20 de agosto de 2019, junto a su madre Macarena, y Mirna López (niñera), para su atención médica, ya que presentaba cuadro febril y tos. Pero, tras algunas supuestas complicaciones, perdió la vida.

“Por las constantes chicanas planteadas por los abogados de los imputados (…) con la complicidad y beneplácito de dos fiscales adjuntos e incluso jueces…”, dice la solicitud dirigida a la Corte Suprema.

Procesados En la causa están imputados los médicos María de Fátima Ausfeld, José Manuel Ovando, Óscar Feliciano Cabrera Román y Laura Andrea Sena. Los familiares de Renato habían denunciado supuestas irregularidades en la asistencia, quien ingresó a Urgencias y creen que un medicamento que le fue aplicado hizo que se descompensara y muera.

Más contenido de esta sección
Desde la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés lanzaron fuertes críticas contra la Corte, luego de que los ministros defendieran el trabajo realizado en la trama. Sin embargo, los afectados sostienen que la CSJ está dominada por la mafia e insistieron en el pedido de juicio político. “Las acciones son insuficientes”, afirman.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú se opuso a sobreseer definitivamente a los representantes de las empresas Serfin SA y Presto SA, involucrados en la causa de la mafia de los pagarés que habrían perjudicado a funcionarios del SNPP. Las víctimas se manifestaron ante el Poder Judicial para exigir justicia. “Ustedes no saben lo que es que cada mes te quede G. 200.000", reclamaron.
Los abogados de Gianina García Troche, ex pareja del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset, pidieron a la jueza Rosarito Montanía su libertad inmediata, ya que según la ley si el juez demora en resolver una revisión de medidas, dice que se entiende que la libertad fue concedida de manera automática.
Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, no confía en la Justicia paraguaya, por lo que decidió aceptar la extradición simplificada al Brasil, donde es requerido por delitos internacionales de tráfico de drogas, crimen de blanqueo de capitales y delito de organización criminal. Como él es brasilero, con naturalización paraguaya, busca ser juzgado allá.
Los ministros de la Corte defendieron la depuración de más de 23.000 expedientes de la mafia de los pagarés en Asunción y Central, tres proyectos de ley remitidos al Congreso y otras acciones que hoy las víctimas no ven como solución ante los descuentos. Uno de los ministros reiteró que son “muy respetuosos de la independencia de los magistrados” y que no pueden inmiscuirse en los procesos.
Tras el pedido oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Lambaré Isabel Bracho, acusada –según la Fiscalía– de haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.