Santa Cruz, miembro del Consejo de la Magistratura, dijo que ya presentó similares denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y ante la Fiscalía General del Estado.
Remarcó que en el Consejo de la Magistratura, este martes 16 de agosto, tratarán el cambio de reglamento, para que los magistrados que busquen ser confirmados, tengan una disminución en su puntaje si están afiliados a algún partido político.
Aclaró que de todas las denuncias que presentó, tuvieron eco. La Corte Suprema de Justicia y el JEM, abrieron una investigación preliminar, pero la Fiscalía General del Estado aún no dio ninguna respuesta a la denuncia.
Según explicó en el caso de los magistrados es causal de remoción, conforme con la ley de enjuiciamiento de magistrados.
En su nota, refieren que la Corte informó a la Cámara de Senadores sobre las medidas adoptadas con respecto a las afiliaciones partidarias de los magistrados judiciales y su participación en las internas.
NO CONTESTA. Alega que se enteraron de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Asociación Nacional Republicana (ANR), aún no contestaron lo requerido, por lo que los mismos acercan el listado de magistrados y funcionarios judiciales afiliados a los partidos y que votaron en las internas.
Santa Cruz aclaró que realizaron un trabajo de dos meses para hacer el cruzamiento de datos del padrón nacional, con el partidario de la ANR.
Indican a la Corte que según las publicaciones, “el 39% (367/935) de los magistrados y el 70% de los funcionarios judiciales son afiliados a un partido político, con lo que los sitúa en un lugar de vulnerabilidad extrema, puesto que el Poder Judicial debe estar lejos de las inclinaciones partidarias”.
Cita la Constitución Nacional, el Código de Organización Judicial, la ley de enjuiciamiento, el Código Electoral y el Código de Ética Judicial, con las prohibiciones para estas prácticas.
Santa Cruz afirma en su escrito a la Corte que la opinión pública ha podido ver cómo de manera indisimulada, quienes tienen prohibido participar de actividades políticas, manifestar su simpatías de ese carácter, votar en elecciones internas, actuar públicamente basados en sus preferencias político-partidarias.
Además, apunta que la respuesta del sistema ha sido hasta ahora la impunidad, conforme refiere.
Indica también que aquellos funcionarios y magistrados que votaron en las internas partidarias se encontraban en falta grave con las exigencias que nuestro marco jurídico-deontológico exige de jueces y funcionarias.
Con ello, pide ampliar la investigación de la Corte no solo a magistrados sino a funcionarios judiciales. Además, que el Consejo de Superintendencia intime a los jueces que comuniquen si están o no afiliados, y que se realiza la investigación y luego remisión al JEM.