La Fiscalía pidió una condena de 10 años de prisión para el ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y 7 años y medio para el empresario Alberto Koube Ayala.
El fiscal Silvio Corbeta pidió 10 años de pena privativa de libertad para el ex ministro de la SEN, Joaquín Roa, y 7 años y medio para Alberto Koube, acusados por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
“Lo que sí se puede valorar es que debe ser considerado infame, de hecho, utilizar dinero que estaba destinado a emergencias para fines absolutamente diferentes y que debe ser considerado en contra de los acusados”, refirió tajante el fiscal.
En los alegatos finales, el agente sostuvo que se ha demostrado la violación de varias normativas, en el marco de la acusación por cohecho pasivo agravado en calidad de autor, lavado de dinero, en calidad de coautor, lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos en calidad de autor; y lavado de activos en calidad de coautor, específicamente en el caso de Joaquín Roa.
Al respecto, el fiscal considera apropiada la pena solicitada de 10 años para el ex ministro y a propósito del pedido de 7 años y medio para Koube, el fiscal hizo alusión a la evidente preferencia de Roa hacia sus empresas, al momento de otorgar las licitaciones.
Según la Fiscalía, Roa adquirió un yate en el 2018 de la empresa Tapyracuai, de Alberto Koube, que también está investigado en el megaoperativo por sus supuestos vínculos con el tráfico de cocaína a Europa, específicamente, con el esquema liderado por Lindomar Reges.
La embarcación, de un valor aproximado de USD 450.000, fue encontrada anclada en el Náutico Remanso y tras su incautación quedó en poder de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.
De acuerdo a las investigaciones, Koube fue proveedor de la SEN y tenía un vínculo de amistad con Roa, por lo que las sospechas apuntan a licitaciones irregulares en el alquiler de camiones y venta de chapas, así como servicios sobrefacturados a cambio de un yate.
“Debe ser considerado infame, de hecho, utilizar dinero que estaba destinado a emergencias para fines diferentes”.
Silvio Corbeta, fiscal.
