El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 del Poder Ejecutivo plantea un crecimiento de hasta 20,2% en las transferencias para el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, más conocido como la Caja Fiscal.
En ese sentido, de haberse presupuestado en G. 7,0 billones (USD 1.140,6 millones) para este 2026, pasará hasta los G. 8,5 billones (USD 1.320,1 millones) durante el próximo año.
El primer objeto de gasto que contempla este monto global es la clasificación 821, de las jubilaciones y pensiones a funcionarios y empleados de los sectores público y privado.
Este rubro representa el pago de los haberes jubilatorios y pensiones de los ex trabajadores del Estado y del sector privado, gestionados a través de las cajas de seguridad social públicas. Este gasto alcanzaría G. 1,6 billones (USD 248,8 millones), implicando un crecimiento de 16,6% frente a lo asignado en 2026.
Posteriormente, continúan los clasificadores presupuestarios del 822 al 826, que aglutinan los desembolsos para las jubilaciones y pensiones de las cajas que conforman el sistema previsional; es decir, de los magistrados judiciales, docentes universitarios, educadores de niveles primario y secundario, y los uniformados de las fuerzas públicas.
El sector con mayores recursos asignados sigue siendo el de los maestros, que recibirán hasta G. 3,2 billones (USD 501 millones), representando hasta 26% más que 2026, cuando se presupuestaron G. 2,5 billones (USD 412,9 millones).
En segundo lugar está la caja jubilatoria de la Policía Nacional, cuyo presupuesto para el año que viene será de G. 1,4 billones (USD 225,2 millones), con un incremento de 9,8% frente a este 2026.
Le sigue el sector de los militares, con G. 1,1 billones (USD 184,7 millones) de presupuesto y un incremento interanual de 13,2%.
Los docentes universitarios, por su lado, el próximo año tendrán G. 270.426 millones (USD 41,8 millones) disponibles, con un aumento de 14,6% en comparación con el actual ejercicio fiscal.
Más abajo está la caja de los magistrados judiciales, que para el 2027 recibirá transferencias por G. 203.330 millones (USD 31,4 millones). Este monto implica un crecimiento del 17,2% frente a los G. 173.419,3 millones (USD 27,8 millones) aprobados para este periodo 2026.
Por último, también se encuentra el objeto de gasto 829, el cual se destina para cubrir, por ejemplo, el pago de beneficios de gratificación anual o aguinaldos a jubilados, pensionados, haberes de retiro y sus herederos; asignaciones y haberes para pasivos del sector público. Incluye también el pago de pensiones alimentarias a adultos mayores en situación de pobreza, contempladas en la Ley 3728/2009.
En cuanto a la fuente de financiamiento, si bien se observa que el 72,1% será cubierto con los recursos propios de la Caja Fiscal, el 27,9% restante sí será financiado con recursos tributarios o impuestos; es decir, con Fuente 10.
Este último porcentaje representa G. 2,3 billones (USD 367,6 millones) en términos nominales, por lo que se puede estimar que podría ser el déficit de la Caja Fiscal al cierre de ese año, pese a la vigencia de la reforma. Respecto al aporte estatal del 10% establecido en la reforma, el ministro Oscar Lovera explicó que se calculan con Fuente 10.
Ingresos. En el mismo contexto, a pesar de los cambios paramétricos que se aplicaron para contener el saldo negativo del sistema, el plan de gastos para el próximo año incluso prevé una caída de 5,7% en los ingresos.
De haber contado con una previsión de G. 6,3 billones (USD 1.017,2 millones) en las contribuciones de este año, se proyecta alcanzar solamente G. 5,9 billones (USD 922,5 millones) en el 2027.
Este escenario responde principalmente al sector de los funcionarios públicos, que pasarán de contar con aportes por G. 2,8 billones (USD 454,8 millones) a solamente G. 1,4 billones (USD 219 millones). Esto, a su vez, se debe a que la Administración Pública registraría un incremento en las jubilaciones de sus funcionarios y, por ende, menores contribuciones.
Además, al no ser un sector deficitario, no se encuentra incluido entre aquellas cajas cuyos funcionarios ya deben aportar un 3% más de sus salarios, como fue dispuesto por la reforma.
La reducción en estos ingresos también se registraría pese a la incorporación gradual de funcionarios contratados del Poder Ejecutivo —que inició en julio pasado— en el marco de la Ley 7445/2025, “de la Función Pública y del Servicio Civil”.
