“Es una oportunidad en que el Ministerio Público puede exponer su trabajo y reflejar las vicisitudes”, dijo.
En un auditorio abierto para la ciudadanía, el fiscal, con apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), explicó que la causa se inició tras la denuncia del concejal Ezequiel Cáceres, en el 2018.
Se lo denunció por cobro indebido de honorarios, enriquecimiento, lesión de confianza y otros y la Fiscalía inició la investigación.
En medio de presiones de la ciudadanía y sectores políticos, se realizó la primera pericia de tasación a uno de sus inmuebles que llamativamente tuvieron lujosas mejoras.
El resultado de esa tasación motivó la imputación por enriquecimiento, declaración falsa y tráfico de influencias, en julio del 2019. Se hablaba de un crecimiento económico de G. 1.700 millones, que no coincidían entre ingresos y egresos.
Tras investigaciones, recusaciones, otros recursos y más pericias, se llegó a presentar la acusación en enero del 2021.
Ahí el fiscal estableció una diferencia de G. 5.594 millones. El caso llegó finalmente a juicio, donde el Tribunal determinó que Cuevas no pudo justificar G. 1.934 millones en su patrimonio entre el 2009 y el 2019.
“La persona que era sometida era una persona con mucho poder político y económico. Normalmente, estas personas tienen defensas legales muy fuertes y mucha estructura”, explicó Piñánez.
