El Gobierno de Santiago Peña acaba de negociar una nueva tregua con los empresarios del transporte público que amenazaban con un paro en el servicio. Y, aunque no se dieron a conocer los términos exactos, observando las calles y las paradas, se puede fácilmente deducir que en las negociaciones no fue incluida condición alguna que implicara la mejora del servicio. Mientras la ciudadanía padece las reguladas hablan de un proyecto de ley de reforma de transporte que será presentado en el mes de julio al Congreso Nacional.
A principios de este mes, el Gobierno logró llegar a un acuerdo con el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) que venía amenazando con un paro de tres días.
Según el informe oficial, el gremio de empresarios “acordó seguir trabajando en las mesas técnicas con el Viceministerio de Transporte y los empresarios para avanzar, en un plazo estimado de 90 días, en los puntos que quedaron pendientes de resolución, sin perjudicar a los usuarios del transporte con la amenaza de un paro”.
Se informó que el Gobierno presentará “un proyecto de reforma del sistema con un abordaje integral a la problemática del sector que se va a trabajar de manera conjunta con los trabajadores, empresarios y usuarios”.
Los empresarios reclamaban, con respecto al coeficiente de rentabilidad de las empresas que actualmente es del 8%, que llegue al 12% o 14%, y que el coeficiente de repuestos y accesorios sea actualizado, además de la renovación automática de los permisos para seguir operando en los itinerarios tras los siete años correspondientes.
Como resulta evidente, en las condiciones de la negociación no aparecen los reclamos genuinos de la ciudadanía. Tal como exigía la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) en un comunicado: “Una vez más los usuarios del transporte somos rehenes del chantaje de los empresarios al Gobierno”.
Para esta organización, los pasajeros continuarán siendo “daños colaterales de los berrinches de un sector que juega con la vida de la gente”, sin ofrecer un servicio que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.
A diario los medios de comunicación se hacen eco de cientos de testimonios, quejas, lamentos y reclamos de los usuarios del transporte público. Lamentablemente, las autoridades no atienden los reclamos de la ciudadanía y, por eso, las penurias de la gente continúan.
Particularmente perjudiciales resultan las denominadas reguladas de las líneas de transporte, porque estas afectan negativamente a estudiantes y trabajadores que padecen a diario la falta de cumplimiento en los horarios de circulación de las unidades, pero sobre todo la carencia de servicio por las noches y los fines de semana.
Además de las reguladas y la falta de seguridad a la hora de esperar el transporte en las paradas, se debe mencionar uno de motivos bastante frecuentes de quejas que está relacionado con la calidad de los servicios suministrados. En este sentido, dicen los pasajeros que las unidades llamadas diferenciales, que cobran el precio del pasaje más caro prestan un servicio absolutamente insatisfactorio. Estos ómnibus que prometen estar refrigerados, en realidad, son hornos ambulantes donde viajan los pasajeros padeciendo calor extremo y hacinamiento.
Recientemente, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, se explayó sobre los ejes que va a priorizar su oficina con el nuevo proyecto de ley de reforma de transporte, el cual sería presentado en julio al Congreso Nacional. Destacó el funcionario que uno de los ejes principales de la reforma de transporte es fortalecer los mecanismos tecnológicos para reforzar el control de la frecuencia de buses y sancionar a aquellas empresas que realicen reguladas de las unidades, situación que perjudica a diario a los ciudadanos.
La ciudadanía ya no necesita promesas.
Los paraguayos precisan de un Gobierno firme, que sea capaz de trabajar para construir el bien común y para dar calidad de vida a la población. Esto solamente será posible si son capaces de poner el interés general por encima de los intereses particulares de grupos políticos y económicos.
