12 feb. 2026

Persecución a radios comunitarias, límite a libertad de prensa en Paraguay

La persecución a las radios comunitarias, a través de restricciones técnicas y económicas, y de las agresiones y amenazas a comunicadores, suponen un límite a la libertad de prensa en Paraguay, dijo este miércoles Julio César Franco, comunicador de la emisora de la comunidad campesina de Luz Bella (norte).

radio.jpg

Persecución a radios comunitarias, límite a libertad de prensa en Paraguay. Foto: vidio.

EFE


Franco recordó este miércoles, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que las radios comunitarias son “herramientas fundamentales para alimentar la democracia en Paraguay, que está muy cuestionada”, pero sufren los intentos del Gobierno “por acallarlas, por silenciarlas para que el pueblo no se entere de nada”.

El comunicador denunció que los trabajadores de las radios comunitarias, que pertenecen a organizaciones barriales, sociales o campesinas, y que no tienen fines de lucro, son víctimas de persecuciones, amenazas y agresiones, y afirmó que no existe ningún protocolo de seguridad para quienes informan en zonas controladas por el narcotráfico o el negocio de la soja, como el norte del país.

Franco relató que vivió un intento de homicidio en 2012, cuando un grupo de personas irrumpió en su casa y disparó con armas de grueso calibre.

Meses atrás, el comunicador había recibido amenazas por teléfono, después de que denunciara la invasión y la compra ilegal de terrenos de la comunidad de Luz Bella por parte de empresarios sojeros, y las fumigaciones irregulares de estos cultivos, que causaban problemas de salud a personas de la comunidad.

“Cuando las radios comunitarias denuncian las irregularidades del agronegocio, los comunicadores son perseguidos, no solo por las autoridades, sino por los patrones de la soja, que atacan y amenazan”, afirmó.

Además, Franco resaltó que las radios comunitarias paraguayas son objeto de una censura “disfrazada de legalidad”, a través de las restricciones técnicas y económicas que les imponen las leyes.

Entre ellas, citó la limitación legal en la potencia y alcance de estas emisoras y en la calidad de sus equipos de sonido, así como la prohibición de recibir apoyos económicos para sostenerse, o de realizar anuncios comerciales.

En cambio, las leyes obligan a estas emisoras a pagar impuestos por licencias para la transmisión, por uso del espectro radioeléctrico, y por la inspección técnica de los equipos, de la misma manera que ocurre con las radios comerciales.

Franco también denunció que la censura y persecución a estas radios, unidas a la concentración de medios en pocos propietarios, abren un “camino para acallar a la gente” y silenciar todas aquellas noticias contrarias a los intereses de los grupos que ostentan el poder, dejando a la libertad de prensa “en agonía” en el país.

Precisamente las agresiones contra las radios comunitarias y la concentración mediática en Paraguay fueron las preocupaciones que expresó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su informe sobre la libertad de prensa, presentado la pasada semana.

“Los periodistas y las radios comunitarias sufren con frecuencia las amenazas y agresiones de organizaciones criminales y de las autoridades locales, en un clima de gran impunidad”, destacó RSF, que sitúa a Paraguay en el puesto número 110 de su listado de 180 países sobre libertad de prensa, lo que supone el peor lugar de Sudamérica por detrás de Venezuela y Colombia.

RSF señaló además que “el paisaje mediático de Paraguay sigue estando muy concentrado y los medios de comunicación comunitarios subsisten con dificultad”, y alertó que “la región fronteriza con Brasil y Argentina es muy peligrosa para los periodistas que investigan el narcotráfico y la corrupción”.

Un total de 17 periodistas han sido asesinados en Paraguay desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, y la mayoría de estos casos permanecen impunes y por esclarecer, según denuncia el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP).

Más contenido de esta sección
Un operativo conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional permitió desmantelar este miércoles una presunta organización criminal dedicada a la falsificación de matrículas y otros documentos de vehículos, que serían destinados a grupos delictivos.
El procedimiento fue realizado en la compañía Tacuaty. El detenido contaba con varias órdenes judiciales pendientes por hechos vinculados a menores.
Un camionero paraguayo fue detenido luego de que agentes federales del Brasil detectaran cerca de 3,3 toneladas de marihuana entre una carga de granos durante un control realizado en Cascavel, Brasil.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) respondió a las críticas de su colega colorada Blanca Ovelar, quien cuestionó anomalías en la Caja Parlamentaria que le permite cobrar una pensión de G. 2 millones tras la muerte de su marido, el ex legislador Anki Boccia, desde hace 10 años.
Ante la denuncia de supuesta negligencia médica en el Hospital San Pablo, el doctor Vicente Acuña, director del centro asistencial, afirmó que, tras realizarse los estudios correspondientes, se constató que el bebé ya habría fallecido dentro del útero días antes.
Una mujer sufrió un violento asalto domiciliario, durante el cual fue obligada a realizar millonarias transferencias bancarias. Este tipo de hechos están en aumento, según la Policía Nacional, que formuló recomendaciones a la ciudadanía ante el auge de este delito.