La crisis de la Caja Fiscal nos obliga a desafiar el “orden natural” en términos de diagnósticos y propuestas de solución, contestando lo establecido para encontrar la salida. Para eso es importante pensar fuera de la caja desde cuatro perspectivas: Históricas, económicas, paramétricas y políticas. Estas se retroalimentan con efectos recíprocos y circulares. El pensamiento tradicional y el del Gobierno, en particular, cree que con la magia de una planilla de Excel y la aplanadora parlamentaria se puede solucionar un problema bien complejo, que incluso tiene componentes de transición demográfica (nacemos menos y vivimos más), lo que está causando desequilibrios previsionales en todo el mundo, y que todavía no ha llegado al Paraguay con toda su intensidad, lo que podría incluso agravar el problema.
La Caja Fiscal actual es el síntoma del colapso del modelo económico y es el resultado lógico del sistema de poder vigente. Su crisis enfrenta la legitimidad del Estado y la solución que se propone está comprando tiempo hasta la próxima elección. Por ejemplo, existieron condicionamientos perniciosos desde la política corrupta para evitar tomar las medidas de modificaciones paramétricas a tiempo, dentro de un modelo productivo que no está pudiendo convertir los “éxitos macroeconómicos” en beneficios concretos de calidad de vida para la población y que no recauda lo suficiente para cubrir las necesidades previsionales deficitarias y que, encima, malgasta lo que recauda. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿A cuánto está hoy la carnaza para el guiso?, ¿cuánta gente no puede pagar su ANDE?, ¿cuántos están en Informconf?, ¿tiene cloaca tu barrio?, ¿qué tal la escuela pública donde estudia tu hijo?, ¿hay remedios en los centros de salud?, ¿qué tal los cortes de luz en tu zona? Y, ¿cómo te ves viviendo, mbaetekó la porte, dentro de 5, 10 y 20 años?
Tenemos un Estado raquítico plagado de corrupción con una economía de baja productividad por deficiencias en los servicios públicos de salud y educación –capital humano no competitivo– y con enormes déficits en la infraestructura física y social en agua y saneamiento, energía, rutas, hospitales, habitación, etc., conspirando contra la eficiencia del aparato productivo nacional para cuya transformación rupturista son necesarias medidas estructurales, cambios culturales y políticos.
El sistema actual no es una verdadera Caja Fiscal de jubilación. Es un remedo hipertrófico. Más bien es un sistema de privilegios para que algunos “funcionarios del Gobierno”, que no entienden aún que son “servidores públicos del Estado paraguayo” –aquí hay una enorme diferencia conceptual– vendieran o se vieran obligados a entregar su voto en favor del partido oficialista, el cual ha convertido a la política y al mandato de función de Gobierno en la principal actividad privada con fines de lucro del Paraguay.
En la perspectiva histórica al problema de la Caja Fiscal se lo veía venir, y nadie hizo nada. Claro, estaban las elecciones del 2018, 2021 municipales, y las del 2023. Desde el 2015, once años atrás, en el primer gobierno de HC, la Tasa de Tensión Operativa (valor presente de obligaciones por beneficios jubilatorios sobre valor presente de contribuciones proyectadas) ya era de 1,57 conforme a informes financieros de la Caja Fiscal. La catástrofe era inminente. Nadie movió un dedo, excepto el dedo índice en las fotos de la lista uno, para seguir ganando elecciones. Para los comicios del 2018 ni recordábamos el problema, el abrazo republicano era prioridad. En el 2019 se duplica el déficit, en el 2020 apareció la pandemia y, mientras los funcionarios y jubilados en pijamas viendo Netflix cobraban sus haberes con emisión de bonos soberanos de emergencia, la mayor parte de la población procuraba sobrevivir sin vacunas y comiendo en ollas populares.
En los años subsiguientes, ya sin pandemia, el Gobierno no se animó a los cambios paramétricos bajo la excusa de que la reforma previsional pública era un proyecto “pendiente de consenso” y así arrastró la irresponsabilidad y la desidia hasta las elecciones del 2023 cuando, de nuevo, el abrazo republicano y el slogan “Dios, patria y familia”, ni por acaso, quisieron modificar las reglas del juego. Se ganó la elección y entramos en la fase crítica 2023-2024, segundo gobierno de HC, cuando ya se agotan las reservas de activos que servían como respaldo, que caen casi 60 por ciento. Desde el 2024 el Estado quedo prácticamente con cero colchones contables para absorber el déficit, y la historia de 380 millones de dólares de déficit del 2025, que subirían alrededor de 100 millones USD año hasta alcanzar casi 980 millones en promedio por año en una década, hicieron sonar las alarmas y apretaron las exigencias de los organismos internacionales. El abrazo republicano se les fue de la mano de punta a punta.
Comenzando por el final, a dónde queremos llegar: Se debe dejar de lado la línea presupuestaria de la jubilación pública y definir un sistema único de seguridad social integrado, con financiamiento consolidado de capitalización colectiva con BD “beneficios definidos”, más Fondo de Reservas de verdad, que gane suficiente rentabilidad financiando inversiones endógenas con ganancia de productividad para la economía paraguaya para dejar de mentir a la ciudadanía.
Para eso, urge definir quiénes son los sujetos participantes del sistema de seguridad social. Según el modelo tradicional son tres, el empleador y el empleado, contribuyendo y administrando fondos para el futuro, y el Estado supervisando y garantizando la seguridad social. Dos tercios de los trabajadores del sector privado, que son 9 a 1 versus los funcionarios, no se van a jubilar porque son informales, no reciben el mínimo y no tienen IPS. El art. 95 de la CN y luego la Ley de Superintendencia del 2024 conforman la base legal, tardamos más de 30 años para reglamentar la Constitución en este punto, lo que nos demuestra que somos una sociedad cuyo contrato social es sumamente débil. En la garantía financiera de última instancia es donde el Estado debe involucrarse cuando eventualmente haya déficits en las cajas del sistema de seguridad social con foco en la jubilación, aportando, pero buscando la convergencia paramétrica y el equilibrio financiero; eso no está muy presente en la Ley de Superintendencia 2024.
En el caso de sus servidores públicos, el Estado debe participar como aportante, es el patrón, más aún ante el advenimiento de la transición demográfica. Sin considerar además el abandono social en el cual vive la gente en su mayoría, en especial en el sector privado y las demandas sociales de segunda generación, derechos económicos, culturales, igualdad y bienestar integral en términos de calidad de vida que se acumulan como pasivo social. El Paraguay es un Estado raquítico cuyo Gobierno es corrupto con una presión tributaria mínima, con evasión, dentro de un pacto tácito de país low cost, que no le da nada a la gente, sin seguridad jurídica y física, caracterizado por el capitalismo de secuaces y primitivismo productivo
El futuro debe tener una ampliación gradual de la edad de retiro jubilatorio y de los años de aporte. Se sugiere la ampliación gradual de la edad de retiro conforme a las mejoras en la expectativa de vida. Además, eso significa más años de aporte, comenzando con 25 años en adelante, que son los necesarios para la sostenibilidad del sistema, siguiendo los modelos regionales de América Latina, con incentivos de mayor tasa de sustitución a mayor tiempo de aporte. Eso motiva la permanencia en el trabajo aportando para la caja común. Y no menos importante, la convergencia de parámetros. El Estado debe seguir un diseño de convergencia paramétrica, quizá similar al IPS, buscando una tasa óptima de aportes de alrededor del 25% de los ingresos, que se debe contribuir al seguro social para hacerla sostenible en el tiempo. Hoy el funcionario ya está aportando 16%, más lo que aporta 5,5% para salud en IPS, sobre todo los docentes. Le van a subir tres puntos porcentuales. La propuesta actual del Gobierno ofrece 1 punto porcentual por año a cargo del Estado hasta alcanzar 5 por ciento en 5 años. Supongo que lo que como mínimo debería ir poniendo el Estado en porcentajes graduales debería alcanzar ese 9 por ciento para llegar al 25 por ciento ideal, por lo menos con sus empleados. No venía aportando nada. Incluso, cuando llegue al 9 por ciento, un Estado con un gobierno de alternancia, que deje de robar, que gane confianza de la ciudadanía, debe seguir aportando más hasta invertir la carga, en una relación mayor para el empleador y menor para el trabajador, unificado al IPS.
Con una economía que crece, la recaudación debe subir, y el Estado, si tiene un Gobierno que gasta mejor y roba menos o deja de robar, podría aportar más hasta superar al aporte del servidor público, siempre y cuando todo vaya a un Fondo de Reservas honestamente administrado. Al aportar menos el trabajador, va a gastar más en productos y servicios, aumentará el consumo y la economía volverá a crecer. Habrá un efecto rebote. Y habrá más impuestos para el Estado.
Finalmente, falta un Sistema Único de Seguridad Social o Sistema de Jubilaciones. Se debe buscar la convergencia de parámetros inter-cajas, con isonomía generalizada. Los parámetros del IPS y los de la Caja Fiscal llegarían a una especie de convergencia. A partir de allí el Estado debe consolidar un sistema único de jubilaciones para que el trabajador puede aportar y mantener sus recursos por un tiempo en la Caja Fiscal y pueda migrar sus aportes al IPS y viceversa con total libertad, dependiendo de la movilidad laboral, la percepción de solvencia de cajas, etc. Hoy ya hay una ley de intercajas, pero no funciona. Cuando el Estado con un Gobierno diferente al actual haga su parte y tenga la suficiente autoridad moral, el sistema único integrado con movilidad intercajas va a funcionar. Debe llegarse al momento en el cual se convertirá como un sistema de jubilaciones similar al Uruguay, por ejemplo, que lo consiguió, transitando hacia la convergencia de parámetros. En el Uruguay la única diferencia entre un obrero y un profesional está sólo en su salario definido por el mercado conforme a su actividad, no en las diferencias que tienen en el Paraguay las cajas fragmentadas que el mismo Estado incentiva. En la república oriental el mercado hace las diferencias, pero no el Estado. Aquí el Estado te hace la diferencia de clases en castas previsionales con diversos beneficios. Y eso es inadmisible. ¡Saludos cordiales!
