Desde que asumió el poder en el 2023, el presidente Santiago Peña inauguró la modalidad partidaria del informe presidencial. La Constitución impone que todos los años, el 1 de julio, el titular del Poder Ejecutivo debe rendir cuentas de su gestión al Congreso, además de informar sobre la situación general del país y trazar los planes del futuro. Pero él decidió hacerlo primero ante la Junta de Gobierno, al mando de su mentor y padrino político, Horacio Cartes.
Ningún presidente colorado ha hecho algo similar. Quizá Peña decidió darle ese toque por la necesidad de desteñir su pasado liberal y aparentar ser más colorado que los presidentes que lo antecedieron. ¡No hay peor fanático que el converso!
La Junta de Gobierno, con mayoría absoluta del oficialismo, es también un auditorio dócil, donde puede emitir sentencias grandilocuentes sin que nadie le cuestione. Allí sostuvo que “en el 2026, el Paraguay vive su mejor momento económico de toda su historia”, que “nunca antes tuvimos tantas inversiones extranjeras y nacionales. Nunca antes hubo una clase media en expansión como la que hoy está viviendo el Paraguay”. Citó las cifras exitosas de su Gobierno, aunque Cartes le pisó el callo más doloroso al señalarle su fracaso (sin decirlo así) en materia de salud. “Respetuosamente exhorto al presidente de la República a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento del sistema nacional de salud”, le marcó la hoja de ruta pidiendo a los legisladores que se sienten con la ministra de Salud para mejorar el presupuesto.
Del IPS, cuyo nuevo presidente abre cada día un cofre pestilente de corrupción perpetrado por funcionarios de este Gobierno (y anteriores del mismo partido político), quiso hacerse el desentendido. “En este segundo tiempo, se dio inicio a una nueva etapa de gestión centrada en mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud para cada asegurado”.
Peña no habla de corrupción ni de castigar a quienes roban a manos llenas en el área de la salud donde se perpetran los mayores negociados a costa de la vida de la gente. ¿Acaso no lee lo que Ricardo Fretes denuncia todos los días en el IPS? No hay sección que se salve de la corrupción: desde el mantenimiento de los ascensores, licitaciones amañadas de medicamentos innecesarios, obras inconclusas, pésima atención.
No, Peña no habla de corrupción ni de castigar a sus funcionarios que meten la mano en la lata. Son los que “están mejor” porque la única sanción es relevarlos del cargo.
ESCLARECEDOR
Más allá de los datos, lo más importante del discurso de Peña es lo que revela. Allí, apoyado por su jefe y su movimiento político, dividió la cancha y digitó a sus enemigos. Se apuntó entre los “buenos” (el cartismo y sus aliados), y digitó a los “malos” (la prensa crítica y “ciertos grupos empresariales que ven amenazados sus privilegios”). No dio detalles, solo mencionó que son “quienes no quieren la democracia en el Paraguay”. Y, en un gesto de “grandeza y pacificación” los mandó “a llorar al llorerío”, sumándose al club de la jueza Dina Marchuk, quien con “decoro y delicadeza”, también le recomendó actuar “sin lloro” a la ex senadora Kattya González, tras su revés en la Corte Suprema.
Peña no habla de corrupción ni de castigar a sus corruptos en su informe anual. No le altera ni forma parte de su preocupación quienes traicionaron su mandato. No le interesa frenar esa sangría que enriquece a unos cuantos privilegiados que consolidan su poder no importa quién está en el Gobierno.
En su distorsionada visión acusa que grupos económicos y mediáticos, “buscan la división porque no les gusta la democracia”. Si se refiere a las investigaciones periodísticas que revelaron su espectacular crecimiento patrimonial desde que está en el poder adonde llegó sin tener “un peso”, como confesó durante su campaña, o a la meteórica construcción de mansión de verano, o sus sospechosas movidas financieras para beneficiar a bancos amigos con dinero público, o la permisividad escandalosa con la corrupción, entonces lo que a él le molesta es el ejercicio de la democracia, cuya principal característica es la prensa libre e independiente, a la que no puede frenar con sus redes desinformantes ni campañas sucias que cuestan millones al Estado. Nada tan antidemocrático como tener vínculos con los sicarios digitales de esta inmunda operación para atacar a la prensa crítica y a opositores, que evidentemente aprueba porque mantiene en sus cargos a los responsables institucionales de este nefasto y fracasado plan.
Sería interesante saber, ya que la acusación proviene del presidente de la República, cuáles son los grupos empresariales que buscan la división y deterioran la democracia. Porque hasta ahora los que pervierten la democracia son los negociados alentados por funcionarios o políticos del Gobierno, quienes sostienen la corrupción como sistema. Las proveedoras del Estado no lucrarían de manera escandalosa si no tuviesen la bendición política que los habilita a sobrefacturar por las nubes para cubrir sus impúdicas ganancias que incluyen a los comensales de las coimas que están cada vez más voraces. El crimen organizado sería el enemigo de la democracia si no estuviesen tantos correligionarios vinculados al negocio porque gracias a ellos hay dinero suficiente para las costosas campañas que tuercen voluntades a fin de mantener la ficción institucional que permite la consolidación del modelo.
Ese es el valor del informe presidencial. No sus datos ni sus logros, sino quiénes serán sus víctimas en lo que resta de su mandato.
