07 mar. 2026

Peña quiere cambiar ley del servicio civil y llevar a marzo

26345755

Sin apuro. Santiago Peña no quiere repetir la historia de la ley de jubilaciones.

Archivo

El Poder Ejecutivo no está de acuerdo con el proyecto de ley del servicio civil que se estudia en el Senado y que fue impulsado en el Gobierno de Mario Abdo. Por ese motivo, en los próximos días, será presentada una versión modificada que está siendo trabajada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Contrariamente a lo que sostienen Colym Soroka y otros referentes, el oficialismo prefiere no apurar la ley en este periodo de receso, y esperar al retorno de las actividades legislativas en marzo para tratar el proyecto, luego de haber socializado con todo el sector afectado, como es el caso del funcionariado.

Soroka, como presidente de la Comisión Permanente, indicó que estaría convocando a una sesión extraordinaria para analizar el proyecto.

Esto ante la presión por el escándalo de las contrataciones de familiares en el Congreso, sobre todo hijos de legisladores.

El senador Derlis Maidana mencionó que no quieren repetir el error cometido con la ley de jubilaciones, que no fue compartida suficientemente y terminó en una movilización de los gremios. Señaló que los funcionarios ya están “inquietos” porque temen que la norma podría afectarlos.

El oficialismo busca la aprobación de la ley, pero con las modificaciones sugeridas y luego de un proceso de socialización bien cerrado.

“El Ejecutivo no está de acuerdo con el proyecto original”, subrayó Maidana.

Para el oficialismo, el problema de las contrataciones de familiares se soluciona “absolutamente” con la ley de servicio civil, que forma parte de la reforma estructural del Estado que va a impulsar el cartismo, según anunció Maidana.

El senador explicó que el proyecto es aplicable a todos los organismos de la administración central, a las entidades de administración descentralizada y a las municipalidades, teniendo en cuenta que actualmente existen instituciones públicas que establecen su sistema de selección para el ingreso y promoción del personal.

La normativa regula aspectos, como el ámbito de aplicación, los principios rectores, la planificación de la fuerza del trabajo, política de remuneraciones, las atribuciones administrativas de los poderes del Estado y municipales, los actos de corrupción, personal de confianza, ascensos y promoción, estabilidad y régimen disciplinario.

El Ejecutivo pone sus esperanzas en este proyecto que viene trabajando hace años.

El presidente Santiago Peña calificó al problema de las contrataciones de familiares en el Congreso, como el caso del hijo de Silvio Ovelar y la hija de Pedro Alliana, como un asunto sistémico que podrá solucionarse solo con la ley del servicio civil.

“Este es un problema sistémico. Se soluciona con una ley que establezca los criterios de ingreso, permanencia y de salida, la ley del servicio civil. Existe un proyecto planteado el año pasado (gobierno de Mario Abdo) que no tuvo tratamiento y nosotros queremos que se trate al inicio del periodo legislativo. Es lo que va a permitir tener reglas claras”, expresó Peña.

Más contenido de esta sección
Contrataciones inhabilitó a Neighpart por seis meses desde diciembre hasta junio. Esta empresa ha ganado un total de 34 contratos con el Estado en los últimos 10 años por USD 89 millones.
Luego de las denuncias y acusaciones sobre supuestos malos manejos de los fondos de Hambre Cero dentro del propio oficialismo, la CGR resolvió iniciar examen de correspondencia de bienes.
La senadora Esperanza Martínez calificó de “peón” al gobierno de Santiago Peña por intervenir para favorecer a Israel en el proceso por supuesto genocidio que afronta ante la Corte Penal Internacional. Sostuvo que Paraguay podría pagar consecuencias por su propia redefinición si un día es víctima de una agresión.
Los gobernadores se pronunciaron en contra de la medida de excluir a Concepción y Alto Paraná de la administración de Hambre Cero, lo que revela una división dentro del mismo oficialismo. En un comunicado admiten que la sanción, que consideran carente de sustento con pruebas, responde a asuntos electorales.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que reforzó la seguridad de su sistema ante intentos de hackeo, haciendo que el ingreso sea más lento. Debido a estos inconvenientes, extendió hasta el 19 de marzo el plazo para que los candidatos presenten su declaración jurada de gastos de campaña e intereses económicos en el marco del financiamiento político.