El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley conocida como antimafia de los pagarés, que limita los descuentos salariales a los trabajadores, pero solamente de la Función Pública.
La normativa “establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos, sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.
Este proyecto surgió en el Legislativo como medida para contrarrestar los graves efectos que sufren miles de víctimas de la mafia de los pagarés, que es una estructura de asociación criminal que se dedicaba a cobrar de forma irregular a personas vulnerables, como docentes, trabajadores de la salud, jubilados, entre otros.
El esquema incluso amenazó de muerte a quienes denunciaron los casos. Están involucrados tanto el sector público como el privado, entre funcionarios judiciales, principalmente.
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“Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo. Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias”, expresó el presidente en redes sociales.
Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2025
Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los…
La crisis obligó a la Fiscalía a abrir una investigación en la que están procesados cinco jueces de Paz, además de funcionarios de estos juzgados de Paz, como ujieres y notificadores, junto con abogados de 19 casas de cobranzas.
La denuncia llegó hasta los ministros de la Corte Suprema de Justicia, principalmente al presidente, César Diesel, cuyo hermano es accionista de una de las empresas de cobranzas.
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“Se trata de una medida orientada a erradicar prácticas injustas que durante años vulneraron ese principio y comprometieron el bienestar de numerosas familias. Porque cuidar a quienes sirven al país es también cuidar a todo el Paraguay”, manifestó Santiago Peña sobre la ley promulgada.
Lo que dice la ley
La normativa señala que no serán embargables los beneficios sociales, subsidios ni el aguinaldo que corresponda a los servidores públicos. Las remuneraciones por servicios personales “podrán ser embargadas dentro de las limitaciones previstas en el Código Laboral”, y su incumplimiento de parte de la institución empleadora podrá ser denunciado por la persona afectada ante la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas de la entidad empleadora, expresa el artículo 3.
La ley debe ser reglamentada para que se establezca un mecanismo, digital de ser posible, para las denuncias. “En el caso de servidores públicos legalmente habilitados a tener más de un vínculo en una misma entidad empleadora, los embargos judiciales no podrán sobrepasar en ningún caso el 50% del salario o remuneración por servicios personales en cada uno de los referidos vínculos”, expresa la norma.
