El presidente Santiago Peña oficializó la promulgación de la mutilada Ley 7236 de conflicto de intereses, tal como sancionó el Congreso.
La postura de Peña fue la promulgación siguiendo la decisión política de sus aliados, que cercenaron la ley original que pretendía mayor control y transparencia.
El conflicto de intereses cuando todos los intereses laborales, económicos, financieros y profesionales de una persona que desempeña una función pública podría influir en la adopción de decisiones en el ejercicio de su cargo.
En el entorno de la Presidencia, los ministros se mantuvieron en total hermetismo, una línea del gobierno.
Varios referentes de la oposición pidieron que la ley sea vetada, ya que cercenaba la normativa original presentada por el gobierno anterior y aprobada en el periodo pasado. Pero la promulgación era inevitable, pues el cartismo se vería afectado.
La senadora Kattya González explicó que son cinco los puntos destacados que fueron modificados. Se citan la eliminación del concepto de conflicto de intereses para los intereses personales y del grupo familiar; eliminación de las puertas giratorios; eliminación de la obligación para funcionarios de declarar en qué trabajaron en el sector privado, si pertenecen a una ONG o cargos de grupos familiares dentro del Estado, por lo que la ley pierde valor y sentido; autoridades pueden ser proveedoras del Estado; no hay sanción y la Contraloría ya no puede ejercer control.
El contralor Camilo Benítez es contrario a la ley y mientras se aguardaba que Peña promulgue pararon las capacitaciones y elaboración de formulario en la Contraloría, ya que sería un doble trabajo para los funcionarios. Eso debido a que la ley vigente establece información completamente diferente a la prevista en el proyecto sancionado por el Congreso.
Este es uno de los motivos por el que Benítez ordenó una prórroga hasta el 30 de abril para la presentación de las declaraciones juradas de intereses.
La promulgación se da porque la normativa actual colisiona con los intereses del cartismo, además de que castiga las puertas giratorias, una figura que fue muy cuestionada en los nombramientos del mandatario, que ubicó como ministros a varios gerentes de empresas ligadas a Horacio Cartes.
González indica que la normativa toma la experiencia de Horacio Cartes, quien empezó su mandato presidencial en el 2013 con una docena de empresas y a través de las puertas giratorias y uso de información privilegiada terminó con más de 70 compañías.
Sin embargo, la promulgación de la ley tendrá choques con el plan de lucha contra la corrupción que lanzó Peña recientemente. Kattya indicó que habría una contradicción con el eje 2 de la estrategia, en la que se habla de “rendición de cuentas e integridad pública”.
Una de las tareas que encomienda la ruta trazada en la estrategia nacional es la tramitación de la “Ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción en la República del Paraguay”, que contempla la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción, que incluye a los tres poderes del Estado y la Fiscalía, bajo la coordinación de la Contraloría.
Esencia. La esencia del proyecto inicial fue mutilada. Lo que se buscaba con esta ley era evitar que funcionarios que hayan tenido acceso a información sensible puedan pasar directamente al sector privado y, posteriormente, pasen al sector público nuevamente a cumplir funciones.
