Finalmente, en la víspera de los días patrios se concretó la reunión que la Fiscalía paraguaya había solicitado de manera urgente a los fiscales colombianos.
El motivo era interiorizarse de cómo avanzan las investigaciones allá y también se habría recabado datos sobre la investigación llevada adelante por Estados Unidos.
También se había solicitado tener respuestas de los pedidos que viene haciendo Paraguay desde diciembre del 2023, como ciertas informaciones y un aparato que el testigo clave –Francisco Luis Correa– había puesto a disposición.
AUTORÍA MORAL. Mientras que en Colombia ya hay siete condenados por ser autores materiales del crimen, en Paraguay hay una investigación abierta sobre el cerebro del asesinato, bastante cuestionada por su falta de impulso.
Hasta el momento se desconoce si hay algunos avances en la causa, por lo que la familia en los últimos días reiteró el pedido de celeridad y su clamor de justicia.
Se cuestionó que recién después de que Estados Unidos se haya inmiscuido en el caso, abriendo una investigación, Paraguay se empezó a interesarse en la investigación.
“Luego de esta noticia, recién existió una manifestación expresa de urgencia de parte del Ministerio Público de Paraguay de viajar a Colombia para avanzar en la investigación”, dijo recientemente en un comunicado la viuda de Pecci, Claudia Aguilera.
Según fuentes, lo que Estados Unidos se encuentra investigando es la ruta del dinero con que se pagó el crimen, ya que al parecer se usaron dólares, o el sistema financiero americano.
PERICIA. Días pasados, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dijo que había un obstáculo para avanzar con la investigación en nuestro país.
Puntualizó que la falta de autorización por parte de Aguilera para acceder al celular personal de Pecci afectaba la causa.
Sin embargo, la viuda sacó una nota negando obstaculizar el avance del caso, pero sí especificó que el pasado 29 de abril remitió una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando su autorización para que tanto ellos como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes, lo cual demostraría una falta de confianza en la investigación en nuestro país.
“El fiscal general del Estado, de manera recurrente, se ha excusado en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considero pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso. Además de que ambos países cuentan con mayores mecanismos técnicos para llegar a quién o quiénes dieron la orden”, expuso.
También el abogado Francisco Bernate dijo a ÚH que no puede creer “que una investigación como esta esté colgada de un teléfono. Nosotros en año y medio logramos condenas sin un teléfono”, expresó el abogado.
CONDENADOS. Por esta causa, ya están condenados siete personas, que son los autores materiales, que fueron contratados y pagados.
Se trata de Wendre Still Scott (quien efectuó el disparo), Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta (el conductor de los asesinos), Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), que hicieron el seguimiento al fiscal y a su esposa.
Todos ellos recibieron la pena de 23 años y 6 meses, en un proceso abreviado.
También están sentenciados a 25 años y 6 meses los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos quienes serían los enlaces directos con el incógnito que ordenó acabar con la vida del fiscal.
La última condenada es Margareth Lizeth Chacón, quien deberá pasar 39 años en la cárcel, por también haber sido la financista del crimen, al igual que los hermanos Pérez Hoyos.