Con cajas de palés, los internos del penal de Tacumbú improvisan una cama para evitar que los colchones en que duermen terminen flotando en las aguas que se filtran hasta el lugar donde tienen que pasar toda la jornada, hacinados a tal punto que muchos se ven obligados a permanecer de pie.
La superpoblación en la cárcel más grande del país está alcanzando su punto más crítico, donde más de 3.600 personas sobreviven en un espacio preparado para albergar a menos de la mitad, es decir, 1.500 personas.
Los que más sufren esta situación son los llamados pasilleros, que deambulan por los rincones, ya que no tienen un lugar donde vivir. Unas 800 personas residen en estas condiciones, según fuentes penitenciarias.
Víctor Servián, director general de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, reconoció que la situación es caótica, pero afirmó que es normal que se inunden los edificios en días de intensa lluvia. Debido a este calamitoso estado se declaró la emergencia penitenciaria y el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, ya confirmó que se llamará a licitación para construir cuatro nuevas sedes penitenciarias. La medida procura paliar la emergencia por el alto nivel de hacinamiento.
En Emboscada se construirán dos nuevos penales, donde ya coexisten otros dos; en Mingua Guazú, Alto Paraná, se edificará una cárcel y otra penitenciaría modelo para mujeres en Itauguá.
Ríos se reunió con su colega Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas, para la firma del convenio.
La construcción de las nuevas sedes penitenciarias permitirá albergar a un 40% de las 14.780 personas que están privadas de libertad en los 16 centros penitenciarios distribuidos en todo el país.
CAPACIDAD. Actualmente, el sistema penitenciario tiene capacidad para recibir a 7.000 presos, por lo que la población se ve desbordada.
Las autoridades confirmaron que el llamado comenzará en 15 días y las obras estarán adjudicadas a empresas nacionales antes de fin de año.
Setenta millones de dólares sería el dinero que invertirá el Gobierno para la ejecución de las obras y serán financiados con bonos soberanos del Estado. Las nuevas sedes penitenciarias cumplirán con todas las exigencias en niveles de seguridad y respeto a los derechos humanos, afirmaron en un comunicado del Ministerio de Justicia.
