EFE
“No lo hicimos por Lula. Somos un partido de derecha y de forma alguna queremos ayudar a la izquierda que más generó problemas de corrupción en el país”, declaró el presidente del PEN, Adilson Barroso, al intentar justificar la decisión.
El recurso presentado ante el Supremo pretendía que esa corte revisara una jurisprudencia que adoptó en 2016, según la cual una persona condenada en segunda instancia, como es el caso de Lula, con doce años de prisión, ya puede comenzar a cumplir su pena.
Esa misma tesis enarbola la defensa del expresidente, encarcelado desde el pasado sábado, que ha instado al Supremo a anular aquella decisión de 2016 y volver al régimen anterior, según el cual una persona solo puede ir a prisión una vez agotados todos los recursos posibles, que en el caso de Lula aún llevan a otras dos instancias.
El PEN ha anunciado al Supremo que desiste de esa acción y hasta ha despedido a su abogado, Antonio Carlos de Almeida Castro, un respetado criminalista que ya ha prestado servicios a numerosos políticos de todo el arco partidario.
Sin embargo, el propio abogado, conocido como “Kakay”, también ha presentado a la Corte Suprema un pedido similar al del PEN, solo que en nombre del Instituto de Garantías Penales, que él mismo dirige.
Ambos recursos han caído en manos del juez Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros de la Corte Suprema, quien ha manifestado que está dispuesto a proponer al pleno del tribunal que se discuta el asunto, aunque ha admitido que la decisión final dependerá de la presidenta del tribunal, Carmen Lucia Antunes.
Un día antes de que la Justicia expidiera el auto de prisión contra Lula, el pasado jueves, la Corte Suprema juzgó y rechazó en una muy ajustada votación un recurso que también pedía anular la decisión de 2016 sobre el momento en que cabe la prisión de un condenado, pero que se refería solo a la situación del expresidente.
El recurso fue negado por seis votos a cinco, pero la opinión que fue considerada clave la dio la magistrada Rosa Weber, que puso en duda si inclinaría la balanza en contra de esa revisión si el asunto fuera “general” y no se tratase de un caso específico.
“He negado recursos similares en respeto a lo que en 2016 había decidido el pleno de la corte”, y “lo hice incluso en contra de mis convicciones personales”, declaró Weber, quien apuntó que en el caso de Lula “no podría ser de otra manera”.
Sin embargo, Weber abrió la posibilidad de revisar su voto si en un futuro se juzgase no un “caso específico”, como el de Lula, sino uno de “repercusión general”, lo cual supondría que valdría para todos los condenados en esa situación.
Según fuentes jurídicas, el futuro de esa posible revisión estará en manos de Antunes, presidenta de la Corte Suprema, que si bien se ha manifestado contraria a esa posibilidad, pudiera ser obligada a llevar el asunto al pleno por alguno de los magistrados.
El juez Marco Aurelio Mello, el más inclinado a dar ese paso, ha dicho que el asunto pudiera discutirse este miércoles, durante una sesión que tiene prevista el pleno de la corte.
Sin embargo, ha admitido que eso solo ocurrirá si Antunes lo acepta. “Si ella lo juzga inoportuno, no se discute”, declaró.
