El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, recibió en audiencia al embajador de la República Oriental del Uruguay, Fernando Sandin Tusso, y en la ocasión reiteró el firme reclamo del Paraguay para la ejecución de la extradición de José Peirano Basso, procesado por la quiebra del Banco Alemán.
Acevedo también reiteró el reclamo del Paraguay para la cancelación del estatus de refugiado otorgado a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, acusados de secuestro y considerados prófugos de la Justicia paraguaya.
El ministro expresó al embajador Sandin la preocupación por la decisión de la Justicia uruguaya de otorgar libertad ambulatoria a Peirano.
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La disposición fue recurrida por el Paraguay, mientras se sustancia la apelación deducida en la preferencia a la República del Paraguay en la entrega del requerido José Peirano Basso, ya que existe pedido de extradición por parte de Argentina.
El diplomático paraguayo insistió en que el sometimiento de Peirano Basso a la Justicia para su extradición al Paraguay recae exclusivamente en las autoridades de la República Oriental del Uruguay, por lo que urgió una favorable, pronta y definitiva decisión al respecto.
En el caso de Arrom, Martí y Colmán manifestó que se aguarda una decisión favorable tanto en el recurso de apelación interpuesto en sede judicial, así como en los recursos de revocación, jerárquico y anulación interpuestos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de las decisiones de la Comisión de Refugiados (Core).
Los tres hombres ingresaron a Uruguay tras la revocación de su estatus de refugiados políticos en el Brasil, a mediados del 2019. La Justicia de este país concedió el estatus de refugiado, al igual que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), por lo que viajaron a Finlandia y se encuentran allí desde entonces.
Recientemente Martí concedió una entrevista a la agencia EFE en ocasión de los 20 años de su supuesto secuestro y tortura por un grupo parapolicial.
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En la entrevista, Martí negó tajantemente las acusaciones de haber participado, a finales de 2001, en el secuestro de María Edith Bordón, nuera de Enzo Debernardi, ex ministro de Hacienda, y de ser integrante del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Afirmó que las acusaciones por el secuestro son un montaje del Gobierno para criminalizar y estigmatizar la lucha de los movimientos de izquierda por la democracia en su país.
“En Paraguay no hay democracia, no hay estado de derecho. La dictadura cayó en 1989, pero el mismo partido que era el brazo político de la dictadura (el Partido Colorado) continúa en el poder hasta hoy. Tal partido ya no es un partido político, es una organización mafiosa, de narcotraficantes, es una organización que viola los derechos humanos de forma sistemática en mi país”, añadió.
