La Presidencia emitió un comunicado en el que señaló que protegerá plenamente la vida y las inversiones de los colonos extranjeros en el país, principalmente de los “brasiguayos”, como se conoce a los brasileños que residen en este territorio.
En varias regiones del país, cientos de “sin tierra” se mantienen acampados alrededor de las haciendas bajo amenaza de ocuparlas si el Gobierno no los atiende. En la foto campesinos agrupados en los “sin tierra” marcharon el pasado 1 de noviembre de 2008, en San Pedro, a 350 kilómetros de Asunción. EFE/Archivo | Ampliar imagen
“Todas las inversiones lícitas serán protegidas” en Paraguay, destacó el documento.
El comunicado, refrendado por el jefe de Estado, Fernando Lugo, fue emitido pocos días después de que la prensa asuncena reprodujera el contenido de un informe presentado al Congreso brasileño por el canciller de este país, Celso Amorim, quien expresó en él su preocupación por la seguridad de sus compatriotas residentes en Paraguay.
La situación de los “brasiguayos” se ha agravado desde 2004. Después se observó “cierta distensión, hasta el resurgimiento de la cuestión, con fuerza revigorizada luego de la elección del presidente Lugo”, el 20 de abril pasado, según la carta atribuida a Amorim por la prensa brasileña y reproducida por medios locales.
Se calcula que unos 300.000 brasileños, muchos de ellos con grandes explotaciones agrícolas, viven en Paraguay a lo largo de la extensa línea fronteriza con su país.
La mayoría se dedica al cultivo de soja, principal fuente de divisas de Paraguay.
En varias regiones agrícolas del país, cientos de “sin tierra” se mantienen acampados alrededor de las haciendas y fincas agrícolas bajo amenaza de ocuparlas si el Gobierno no atiende sus reclamos de acceso a terrenos.
Los campesinos radicalizados argumentan que en el pasado grandes extensiones de tierra fiscales fueron cedidas a personas no sujetas a la reforma agraria y que el cultivo mecanizado de soja depreda los bosques y contamina el medio ambiente con las fumigaciones masivas.
Ante esa situación, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene previsto presentar hoy su plan de reforma agraria que en una primera instancia prevé beneficiar a casi 6.000 familias de 60 asentamientos situados en seis departamentos, entre ellos el de San Pedro (centro), la región más pobre del país.
“Para que la reforma agraria no sea una repartición de tierras hemos creado un espacio de coordinación en donde estén los organismos públicos y ministerios que tienen que estructurar planes de desarrollo para acompañar la entrega de los terrenos”, acotó el titular del Indert, Alberto Alderete.
