Entre los principales hallazgos del documento titulado El servicio de agua y saneamiento en Paraguay: análisis sobre aspectos institucionales, de gobernanza y sobre el gasto público, se resaltan la necesidad de mejoras en la cobertura sanitaria, una mejor coordinación entre distribuidores del servicio y una inversión mayor y eficiente del gasto público.
La volatibilidad del gasto público en el sector genera solo una subejecución del 50% de lo presupuestado, gastándose menos de 8 dólares por persona (en el año 2017), cifra insuficiente para paliar las necesidades de cobertura. Asimismo, la evolución del gasto público en agua revela una alta dependencia del crédito externo.
DETALLES. Pese a avances en las últimas décadas en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, aún hay un déficit con respecto al acceso a fuentes de agua mejorada y tratamiento de aguas residuales.
En esa línea, se registra una mayor brecha en el acceso a estos servicios en comunidades indígenas y zonas rurales, y hay variaciones significativas en la cobertura entre diferentes departamentos. La baja calidad del agua para beber motivó a la población a buscar soluciones más costosas, como el consumo de agua embotellada, hoy sin regulación de calidad.
El costo humano de esta brecha es grande y al año se pierde el equivalente a 10.643 años de vida por la calidad inadecuada del agua, ubicando al país con bajos niveles en el Índice de Capital Humano, en el puesto 89 entre 157 países, según destacó Catalina Ramírez, quien lideró el equipo de redacción del informe.
Asimismo, el documento señala que existe una gran “atomización” en la prestación del servicio, ya que el 70% de la cobertura de agua por red está a cargo de “prestadores informales”.
Así, la Essap, el mayor prestador de agua por red, concentra el 31% de la cobertura y es el único que cuenta con un instrumento formal de concesión, mientras que el resto de las conexiones se distribuyen en más de 5.000 sistemas que carecen de permiso de prestación y con bajos controles, según el BM.
Con respecto a la inversión, Ramírez subrayó que la inversión sufre por problemas de fragmentación y falta de coordinación entre los actores involucrados en el tema sanitario, lo que genera que la infraestructura construida no sea la adecuada a nivel técnico, financiero o social.
Otro problema es la “alta percepción de corrupción” en las instituciones del país, lo cual afecta la calidad de las políticas públicas y su implementación eficiente.
