El Ministerio Público aprobó la implementación de un protocolo de protección para fiscales y funcionarios, que se impulsó luego del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, y en atención a las amenazas y ataques ocurridos contra agentes en los últimos años, pero no cuenta con el presupuesto para activarlo. El sistema fue aprobado a nivel Iberoamérica.
En el mes de febrero pasado, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) aprobó el documento denominado Para la Protección y Seguridad de Fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos que integran la agrupación y que contó con el apoyo de la Oficina de Naciones unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La implementación del protocolo en nuestro país implica una corresponsabilidad con la Policía, “para garantizar la seguridad que los fiscales se merecen, porque el riesgo finalmente lo ganan en relación a la función investigativa que realizan”, dijo la fiscala Patricia Sánchez, directora del programa.
La ejecución de un sistema de protección se da debido a “la proliferación de actividades delictivas, (que) constituyen una de las amenazas para la seguridad de ciudadanos y para quienes ejercen la acción penal… En los últimos años, se observó en Iberoamérica, una tendencia preocupante por el fenómeno creciente de la criminalidad”, dice el documento, que inició su elaboración en julio del 2022.
Unodc fue el que proveyó de consultores técnicos que ayudaron a identificar las distintas realidades de los 22 países componentes de la AIAMP, que son naciones de América, más España, Portugal y Andorra.
El pasado 12 de agosto, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó en Paraguay la resolución, donde declara el protocolo de interés y de aplicabilidad interna y externa.
También fue informada la Comandancia de la Policía y el Ministerio del Interior, “porque si en Paraguay se va a establecer algún esquema de seguridad para un fiscal nuestro o de afuera que vaya a venir por cooperación, o en el marco de sus vacaciones, la medida de seguridad la va a aplicar el brazo de seguridad”, dijo la agente Sánchez.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. A través de este protocolo se ofrecen medidas de seguridad para fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público, como la custodia –dependiendo del riesgo–, así como la reasignación de la causa, o quitarle de la zona de riesgo.
“Se aplicará cualquier medida que sea apta y que también el beneficiario consienta, acepte y se comprometa a tener”, explicó la fiscala, quien resaltó que actualmente no hay una partida presupuestaria específica ni para la protección a testigos ni para la aplicación del nuevo protocolo.
La directora también detalló que “lo ideal para igualarnos a los estándares regionales, internacionales, en un esquema de protección, que se debería contar con el fondo propio, pero que mientras se manejan con el presupuesto global y con gastos reservados”.
MAGNICIDIO. El 10 de mayo del 2022, el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado en sus vacaciones en Colombia. Luego, varios fiscales de la región también fueron víctimas de crímenes y de amenazas, por lo que urgía la realización de un protocolo de protección a agentes.
Puntos claves del protocolo
Se busca “promover mecanismos y procedimientos eficaces encaminados a la implementación de medidas de seguridad y protección a favor de los fiscales, funcionarios y servidores que integran los Ministerios Públicos de la AIAMP.
Serán los propios fiscales, funcionarios o servidores “que en el ejercicio de sus funciones estén sometidos a actos de violencia, amenazas o intimidación, los que podrán solicitar la activación de medidas de seguridad y protección”.
Se cuenta con un punto focal para hacer la solicitud.
En Paraguay, se trabajará con el brazo de seguridad, es decir, con la Policía Nacional.
