La Unión de Gremios de la Producción (UGP) dio a conocer una serie de puntos por los cuales el sector privado está en contra del Reglamento 1115 que la Unión Europea estableció para sus importadores de productos agrícolas y ganaderos, pero que termina afectando a los productores de la región.
La nucleación calificó la normativa como una “amenaza” a largo plazo, ya que sostienen que contiene “letras chicas” que disponen cambios de forma progresiva, perjudicando especialmente a más de 40.000 pequeños productores.
“Es una amenaza al sector productivo del país y, en especial, a los pequeños productores, que serán los más perjudicados si el Gobierno decide continuar con proyectos que lo citan como condicionantes, pero que claramente lo que se busca es querer imponer una normativa de la Unión Europea (UE) en suelo paraguayo”, reclama la UGP.
Señalan que no están en contra de la reglamentación solo por lo que actualmente exige –consideran que Paraguay puede cumplir los requisitos actuales–, sino que temen las posibles propuestas que puedan surgir a partir de esto.
En ese sentido, detallan que en el artículo 34 del capítulo 8 del documento, denominado Revisión, se dispone que a más tardar el 30 de junio de 2024, se presentará una evaluación de impacto de las exigencias, que incluso podría estar acompañada de una propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación, a fin de incluir superficies boscosas.
Seguidamente, para el 30 de junio de 2025, se prevé presentar una segunda evaluación de impacto, sin descartar otro proyecto de ley para añadir a las tierras con elevadas reservas de carbono y con alto valor en términos de biodiversidad, como praderas, turberas y humedales.
Como tercer punto, afirman que se establece que a más tardar el 30 de junio de 2028 y luego cada cinco años, se realizará una revisión general del cumplimento, del reglamento, con lo que se podrían ampliar de nuevo las exigencias.
“Estas tres condiciones (…) demuestran claramente que tiene carácter progresivo. Hoy están pidiendo analizar los indicadores de cambio de uso de suelo y degradación, pero el día de mañana podrían imponer límites al uso de fertilizantes, impuestos a los combustibles para el sector agropecuario, límites de emisiones de metano a la ganadería. Inclusive podrían analizar las propiedades de siembra directa”, advierten.
Recordaron que, tiempo atrás, consultaron a la Unión Europea si los datos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Instituto Forestal Nacional (Infona) serán válidos para el cumplimiento del reglamento, a lo que les respondieron que esto deberá ser analizado y que los datos robustos de cualquier organización también podrían ser usados como fuente oficial.
“Es decir, la propia representación de la UE en Paraguay pone en duda los informes y reportes publicados por el Mades e Infona (…) desconocen a las instituciones gubernamentales como fuentes de datos oficiales e igualan los datos de Gobierno a encuestas o publicaciones que hace cualquier oenegé que tiene un sesgo ideológico contra el campo y contra la economía de un país como Paraguay”, afirman.
Revisar cooperación. Ante todo esto, los gremios exigen que el Gobierno revise con detenimiento el proyecto de cooperación que propone la Unión Europea, a fin de que realmente se prioricen los intereses del Paraguay por encima de los intereses de los financiadores.
“La discusión de si los productos son libres de deforestación es la excusa ambiental para proteger sus mercados y sus productos, y así generar trabas paraarancelarias y un proteccionismo de cara a algún acuerdo futuro entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE”, critican.
Afirman a su vez que con la propuesta lo que se busca es “manipular a las instituciones“, con el objetivo de que defiendan los intereses de la organización europea por encima de los objetivos de desarrollo del país.
El viernes último, autoridades de la Cancillería y otras instituciones iniciaron el estudio del plan de cooperación de la UE y próximamente serán convocados los gremios de la producción.
Hay varios sectores afectados
De acuerdo con lo que señala el Reglamento 1115 de la UE, el objetivo es reducir al mínimo la contribución de los 27 países que conforman la organización europea a la deforestación y la degradación forestal en el mundo, además de ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial.
El área de aplicación será a las importaciones de terceros países a la Unión Europea, afectando al ganado vacuno, cacao, café, palma aceitera, soja, madera y caucho, además de sus productos derivados.
El documento establece que estarán prohibidos ingresar a la UE productos que procedan de áreas afectadas por deforestación legal o ilegal después del 31 de diciembre de 2020 y que no hayan afectado derechos de terceros, derechos laborales y derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, según el documento.
